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FUNDACIÓN JUSTICIA Y TRANSPARENCIA (FJT) ADVIERTE SOBRE QUIEBRA INSTITUCIONAL POR LA FALTA DE ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y CREACIÓN DE LEYES ACORDE CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN

FJT PRESENTA INVENTARIO PRELIMINAR DE DISPOSICIONES LEGALES, PENDIENTES DE CREAR, MODIFICAR YO ARMONIZAR PARA IMPLEMENTAR LA CONSTITUCIÓN

FJT PROPONE UN COMISIONADO PARA ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ARMONIZACION DE LAS LEYES VIGENTES CON LA NUEVA CARTA MAGNA

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sostuvo que el país se encamina irremisiblemente a la quiebra institucional, algo que ocurre cuando se violan normas de derecho constitucional, como resultado de la negación persistente de la seguridad jurídica provocada por la falta de adecuación de la Carta Magna al sistema jurídico.

En este sentido, Trajano Potentini, Presidente de la FJT, sostuvo que la nueva Constitución insta al Congreso y a los demás poderes públicos, a la puesta en agenda de la creación de una serie de leyes nuevas, modificaciones y armonización de otras disposiciones legales, indispensables para la implementación de la nueva constitución, a saber: las leyes 169-97, 327-98, y 821, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, la de Carrera Judicial, la de Organización Judicial, además de la orgánica de la suprema entre otras del área judicial. Se requieren también, nuevas leyes y reglamentos relativos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, de los consejos del Poder Judicial y del Ministerio Público; sobre organización y administración del Estado, del Consejo de Ministros, del Consejo Económico y Social, del Consejo de Seguridad y Defensa y un nuevo Estatuto de la Función Pública.

En adicción a la inminente integración de los diferentes órganos constitucionales a partir del 16 de agosto, Junta Central y Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas, evaluación, confirmación yo remoción y retiro automático de los jueces con más de 75 años de edad de la Suprema Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo sus dos suplentes y sus cinco adjuntos y los 13 miembros del Tribunal Constitucional a mas tardar el próximo 26 de enero, conforme previsión constitucional. Además de los mecanismos de participación popular, donde están pendiente la ley o leyes para la iniciativa legislativa popular, la normativa municipal, el plebiscito y las diferentes modalidades de referendos, necesarios para la consolidación democrática; se necesita también la armonización de todas las leyes orgánicas de los distintos ministerios; es de igual trascendencia la adecuación y modificación de todo el aparato electoral dominicano, cámara de cuentas, fuerzas armadas, policía nacional y los diferentes códigos del país, entre otras tantas normas y disposiciones legales.

El Poder Ejecutivo creó una Comisión Especial encargada de esas labores, mediante el Decreto No. 35-10 de enero de este año, adscrita a la Consultoría Jurídica e integrada por reconocidos profesionales del derecho para llevar adelante el proceso de actualización. No obstante, sostuvo Potentini, el trabajo es tan arduo y complejo que ha desbordado las capacidades y posibilidades de la referida comisión, sin que a la fecha haya rendido una labor satisfactoria, nos parece necesario elevar la categoría de esa Comisión, que actualmente preside el ministro de la Presidencia, Dr. Cesar Pino Toribio, para convertirla en un Comisionado de Asuntos Constitucionales y Legales, preferiblemente bajo la dirección del citado funcionario.

En este mismo orden y para evitar gastos presupuestarios adicionales, y posiblemente duplicidad de funciones y esfuerzos, sugerimos que el Comisionado de Asuntos Constitucionales y Legales sea refundido con el Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, por entender que ha agotado el rol para el cual fue creado.

Lo que ahora reclama el momento histórico que vivimos, es de una nueva entidad capaz de gerenciar un nuevo proceso de adecuación y fortalecimiento de las leyes nacionales a la realidad constitucional que nos presenta el nuevo texto constitucional, y para ello se requiere de un renovado brío y capacidad emprendedora que nos permita alcanzar un nivel superior de desempeño institucional.

Potentini sugirió que el número de leyes es tan grande que cualquier comisión se vería, por la sola cantidad de trabajo, en un serio compromiso para colaborar con el mandato constitucional, y de ahí la necesidad de sumar y comprometer a los poderes públicos y sus diferentes dependencias en correspondencia con sus áreas de influencia a presentar las propuestas de leyes a modificar y crear, siempre bajo la coordinación y seguimiento del Comisionado de Asuntos Constitucionales y Legales.

Entre las preocupaciones fundamentales de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) se encuentran, la urgente integración del Consejo del Poder Judicial, y la del Consejo Superior del Ministerio Publico, en razón de que el texto constitucional en sus disposiciones transitorias, hace mandatorio la integración de los mismos en un plazo de 6 meses contados a partir de la proclamación de la constitución el pasado 26 de enero y vencido el próximo 26 de julio, cuya inobservancia devendría en violación a la constitución y consecuentemente en serios cuestionamientos sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Publico en lo relativo a las funciones y facultades propias de esos órganos, incurriendo inclusive en actos y acciones inconstitucionales.

En este sentido, Potentini citó como positivo los aprestos de jueces y fiscales, en campaña y contactos para obtener el favor de sus compañeros, con miras a la inaplazable conformación de los referidos órganos, restando solamente la voluntad de la suprema y de la procuraduría, de hacer cumplir el mandato constitucional.

2010-06-14 17:28:24