Los feos, desagradables y lesivos espectáculos montados por haitianos en estos últimos días, uno frente al Ministerio del Trabajo y otro, más masivo y agresivo, en la frontera con el respaldo del sacerdote Regino Martínez, son dos episodios más en la tradicionalmente problemática relación entre ambos países, condenados a convivir en condominio insular. Una convivencia en extremo dispareja con un vecino sumido en permanente infortunio, con niveles de extrema pobreza, baja educación y pésimas condiciones de salud muy superiores a los nuestros y sobre todo, con muy escasas esperanzas de un futuro menos agobiante, de salir de la condición de «estado fallido».
Pero los dos problemas actuales, simples eslabones en una larga cadena de eventos que han empañado una y otra vez la imagen del país, distorsionándola al grado de presentarnos como una sociedad casi esclavista, son consecuencia en buena medida de nuestra propia desidia y complicidad. Son culpas que hemos debido expiar una y otra vez en desmedro de nuestra condición de ser una sociedad de acogida abierta y generosa.
Por décadas, braceros haitianos han sido traídos al país de manera ilegal con la finalidad de disponer de una mano de obra pagada a precio vil, despojada de todo derecho laboral y propicia a todo género de abusos y arbitrariedades. Una práctica ilegal de la que han sido cómplices las propias autoridades encargadas de velar por la protección de la frontera, por vía del soborno.
Pero también nos han faltado políticas migratorias precisas y falta de visión para enfrentar el problema de las complejas relaciones con el país vecino y en particular, para frenar la entrada ilegal de braceros a nuestro territorio. Una situación de grave imprevisión mantenida a lo largo de decenios por los distintos gobiernos que se han sucedido en el poder.
Lo que está ocurriendo frente al Ministerio del Trabajo por la presencia de decenas de braceros que reclaman sus prestaciones a un empresario que, según denuncian los propios afectados, fueron traidos por el mismo de manera ilegal desde mil 999 comprando su paso mediante peaje en los distintos puntos de control, es una evidencia de ello.
Otra, es la situación creada en la frontera, donde una agresiva multitud de nacionales del otro lado de la frontera reclaman su entrada a este, sin la mayoría llenar los más elementales requerimientos que en todos los países se exigen a los extranjeros para ser acogidos en sus respectivos territorios, constituye una evidencia aún mayor.
Es apenas ahora que con la ley y el reglamento en mano, el Director General de Migración con todo derecho y en cumplimiento de su deber, proclama y advierte que solo podrán ingresar al territorio nacional aquellos que estén debidamente documentados. Es una posición justa y responsable. De su lado, está el cumplimiento estricto de las disposiciones legales que han comenzado a servir de marco a la necesaria política migratoria de la que carecimos por años.
Podrá el gobierno, por razones diplomáticas, humanitarias o de cualquier otra naturaleza propiciar alguna salida política a la tensa situación creada en la frontera, así como buscar también un camino de solución al problema que enfrentan los obreros apostados frente al Ministerio del Trabajo, donde han creado un serio problema sanitario y de orden público. Pero habría en todo caso que dejar bien claro ante el propio gobierno haitiano y las instituciones que aquí alegan defender el derecho de los inmigrantes ilegales, que esa situación de irregularidad y de tolerancia con ella es insostenible y resulta lesiva a nuestra soberanía e institucionalidad. Y que su deber primario y prioritario es poner sus mayores empeños para evitar que continúe este flujo migratorio ilegal, tanto como contribuir a normalizar el status de los residentes ilegales aquí, que a partir de entonces verían respetados los derechos de que ahora carecen.
Y por la parte que nos toca, darle al Director de Migración el espaldarazo que requiere y merece en la estricta aplicación de las normas que en lo adelante deben regular y legalizar la presencia extranjera en suelo dominicano, en su mayoría haitiana y en el propio beneficio de esta, así como perseguir y sancionar a quienes contraten y lleven a cabo el tráfico ilegal de braceros y en particular, con mayor rigor, a las autoridades que les sirvan de cómplices como un delito mayor, casi de lesa patria.
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EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Enero 9, 2013
2013-01-10 21:43:21
