Mario Rivadulla
¿Hizo bien el Presidente Danilo Medina en retirar el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional a pocas horas de haberlo enviado al Senado?
Hay quienes han querido interpretar esa decisión del Eiecutivo como una señal de debilidad ante quienes mantienen una posición contraria a la versión original enviada a la Cámara Alta en contraposición a sectores que, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, a la que se atribuye su elaboración, plantearon su aprobación pura y simple sin cambiarle ni una coma.
Cierto que el proyecto de reformular las bases institucionales y operativas del cuerpo policial lleva varios años dando vueltas, sin embargo de existir coincidencia de opiniones aunque de ópticas muy contrapuestas en cuanto a que es preciso introducir cambios significativos en el mismo para que pase de ser represivo a fundamentalmente preventivo y de investigación.
Pero no lo es menos que el proyecto enviado al Senado y retirado pocas horas más tarde, suscitó toda una serie de críticas y sugerencias que no podían pasarse por alto y que, en el peor de los casos, merecían y requerían ser evaluadas.
Lo primero fue el rechazo contundente a la afirmación del Ministro de Interior y Policía de que el mismo había sido previamente consensuado con distintos sectores. Fue terminante, entre otras voces de rechazo, el desmentido del senador oficialista José Rafael Vargas. Al parecer solo se atendieron las opiniones de grupos que marchan en la misma dirección sin auscultar voces de contraste que ahora se alzan reclamando ser escuchadas.
Algunas observaciones son de mucha lógica. Ejemplo: la que plantea el derecho pleno del Presidente de la República, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de poner al frente de esta una persona de su total confianza, en vez de verse limitado a designarlo de una terna seleccionada dentro del mismo cuerpo de orden público. Se ha informado que ya en la nueva versión modificada, el Ejecutivo procedió a la corrección de esta última propuesta a todas luces absurda y limitativa de sus facultades constitucionales.
Otra: la de convertir la Dirección Nacional de Control de Drogas en un departamento de la Procuraduría General de la República, lo que limitaría su capacidad y agilidad operativa para prevenir y combatir el principal reto criminal que enfrenta el país y que, a su vez, es causa directa del aumento de la delincuencia.
De considerarse también, dada la experiencia acumulada durante el tiempo que desempeñó la Secretaría de Interior y Policía, las observaciones del doctor Franklin Almeida Rancier. Este advierte que el proyecto adolece de dejar al margen la colaboración de la ciudadanía, indispensable para un efectivo trabajo policial. Y llama la atención de que fue este mismo aspecto el que hizo fracasar un proyecto similar de reforma de la Policía en Perú. También plantea darle mayor Poder al Consejo Policial y menos al Jefe de la institución y asimismo, crear como organismo dentro de la institución pero independiente, el Departamento de Asuntos Internos.
Como señalamos antes, todos estamos contestes en que la Policía Nacional requiere de cambios profundos y que el proyecto no debe dilatarse. Pero tampoco puede ni debe festinarse. Mucho menos admitir que sea aprobado al vapor. Por el contrario, debe ser abierto a un proceso de vistas públicas para que se dejen sentir opiniones que hasta ahora se han visto silenciadas o no se han tomado en cuenta.
Que el proyecto pues, sea bien afinado para que pueda cumplir sus objetivos. Y para ello que las Cámaras Legislativas abran el mismo a vistas públicas y se tome el tiempo razonable que sea necesario para que resulte viable, funcional, efectivo y ajustado a nuestra realidad, sin someterse a ningún tipo de presión venga de quien venga. Porque quienes hemos esperado lo más, bien podemos esperar lo menos con tal de que se haga bien.
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OBJETIVO Y VERAZ
COMPROMETIDO CON LA VERDAD
2013-05-27 21:54:35
