EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Cuando accedió a la jefatura policial, el mayor general Manuel Castro Castillo prometió que llevaría a cabo una profunda profilaxis en el cuerpo de orden público, expulsando de sus filas a los elementos indeseables que amparados en el uniforme que deshonran, cometen todo género de abusos y se asocian al mundo de la criminalidad que están comprometidos a enfrentar.
Hay que reconocer que así lo ha venido haciendo. Y en su caso, no cortando la soga por lo más delgado. Antes al contrario, altos oficiales de la institución han sido dados de baja y en algunos casos, cuando así lo amerita, sometidos a la justicia ordinaria para responder de serias acusaciones.
Ahora mismo, nada menos que veinticuatro integrantes de la dotación policial de Higuey, han sido arrestados y trasladados a la capital para ser investigados por el Departamento de Asuntos Internos bajo la seria acusación de estar vinculados por vía de soborno, a puntos de drogas, traficantes y vendedores callejeros de estupefacientes de esa provincia. En el grupo figuran dos oficiales subalternos y cinco suboficiales.
No es una relación infrecuente la de los uniformados y los vendedores de drogas. Por el contrario, son continuas las denuncias que se reciben en los medios de comunicación sobre la protección de que goza el microtráfico barrial a base del peaje que pagan a las autoridades para que se hagan de la vista gorda.
Obviamente y sin que se trate de una justificación, pero sí es un motivo el bajo sueldo que perciben los agentes policiales que junto a las cuantiosas sumas que mueve la venta de drogas con sus elevados márgenes de beneficio, constituyen una tentación que para muchos se torna irresistible, sobre todo los que carecen de formación en valores que no llegan a adquirirse en unos pocos meses de entrenamiento en la Escuela Policial de San Cristóbal.
El tema se ha abordado muchas veces en TELEDEBATE y otras tribunas, donde hay coincidencia en señalar que posiblemente el mal de origen que afecta a la institución policial reside en el reclutamiento de su personal. Convertirse en velador del orden público y celoso custodio de las vidas y bienes de los ciudadanos comporta un nivel de responsabilidad y un margen de riesgo que requiere de determinadas condiciones morales, una definida vocación de servicio y el interés y oportunidad de hacer carrera profesional dentro del cuerpo uniformado. Pero también reclama atractivos materiales que le permitan al agente llevar una existencia si no lujosa, al menos desahogada y sin apremios económicos ni angustias familiares.
No son condiciones que ahora mismo esté en disposición de ofrecer la Policía Nacional, pero que tendrán que ser consideradas y resueltas en el marco del mentado proyecto de reforma de la misma. De ahí que la tarea ahora mismo de depurar sus filas de elementos indeseables no resulte fácil en modo alguno. Un motivo de más para saludar los esfuerzos que en este sentido lleva a cabo la actual jefatura, obligada a enfrentar los numerosos bolsones de corrupción y complicidad con el submundo del crimen que existen en su seno.
Sin esperar ni reclamarle más de lo que es humano bajo las presentes circunstancias, vale prestarle apoyo y aliento para que bisturí en mano, al menos en la medida de lo posible, ampute todos los miembros gangrenados que vaya descubriendo en el seno del cuerpo policial para también en igual medida poder mejorar el comportamiento de sus miembros, la imagen pública del mismo y sobre todo, los niveles de seguridad, que constituyen desde hace tiempo uno de los motivos principales de preocupación de la ciudadanía.
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2013-10-24 00:11:46
