Mario Rivadulla
El tiempo se acorta en tanto se alarga la discusión sobre el proyecto de Reforma Fiscal presentado por el gobierno. También se reduce el plazo para enviarlo al Congreso, donde ya el Presidente del Senado lo reclama de urgencia argumentando que de su discusión y aprobación depende la del proyecto de presupuesto del próximo año.
Pero el diálogo luce encallado en posiciones irreductibles. De hecho, en realidad se ha convertido en dos monólogos ?el del gobierno insistiendo en la necesidad de mayores impuestos y los sectores representados en el Consejo Económico y Social reiterando su persistente reclamo de una significativa reducción en el gasto público.
Penoso pero realista admitir que el esfuerzo mediador que intenta la infinita paciencia de monseñor Agripino Núñez Collado luce destinado al fracaso. A la vista no se aprecian siquiera mínimos puntos de coincidencia que permitan alentar la posibilidad de arribar a consenso, o al menos a un acuerdo que resulte más fácilmente digerible.
El CONEP, donde se agrupa el grueso del poder financiero y la capacidad productiva del país, luce haber recibido con la misma sorpresa que la ciudadanía el proyecto de Reforma Fiscal presentado por el gobierno y que el propio Danilo Medina anunció al país como «un trago amargo». Sosteniendo que la captación de mayores ingresos es inevitable para poder reducir el déficit fiscal y hacer el gobierno operativo, ha manifestado sin embargo estar abierto a propuestas alternativas. La del baluarte empresarial, al igual que la de otros sectores, se ha concretado a insistir en la reducción del gasto público como única opción.
Quizás este obstinado girar sobre los mismos extremos ?más impuestos por un lado, mayor austeridad gubernamental por otro- nos está restando creatividad y limitando la búsqueda de otras posibles vías de acuerdo.
Dos aspectos están claros.
Con independencia de las debatidas causas del elevado déficit fiscal, la existencia de este no puede soslayarse ni tampoco la necesidad del gobierno de disponer de recursos suficientes para amortizar el mismo y cumplir sus obligaciones.
Tampoco puede obviarse el hecho de que mayores cargas tributarias pueden conducir a reducir la competitividad de los sectores productivos, cierre o reducción de operaciones de empresas y pérdida de empleos. Igualmente a ahuyentar la inversión, tanto nacional como extranjera, frenar el surgimiento de nuevos negocios y limitar los planes del necesario aumento de las exportaciones. Una desagradable adición serían las huelgas, paros y movimientos de protesta que matizarían gran parte de la gestión gubernamental, desde sus mismos inicios.
Estos efectos económicos y sociales entrarían en contradicción con las líneas maestras de desarrollo y creación de una mayor cantidad de puestos de trabajo, única forma eficaz de combatir la pobreza, que forman parte del anunciado programa de gobierno del Presidente Medina. También en la práctica ?y el caso de la industria cervecera en el pasado sirve de ejemplo- provocar una baja en las recaudaciones fiscales en vez del esperado incremento.
La propuesta alternativa sería un proyecto menos fiscalista por parte del gobierno y uno más desarrollista por la de los sectores productivos a través del CONEP. Una fuerte alianza transparente, sin prejuicios y sobre bases racionales entre el gobierno y el sector privado, con una razonable cuota de sacrificio y aportes por parte de ambos y basado en una vigorosa estrategia de crecimiento económico, creación de empleos y mayor equidad en la distribución de la carga fiscal y de la riqueza pudiera abrir el camino de solución y avenencia que requiere el país, para superar con mayor prontitud y menor trauma la crisis y abrir nuevos horizontes al progreso y bienestar colectivo.
Quizás valga la pena y estemos todavía a tiempo de intentarlo.
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2012-10-23 03:27:06
