No es la primera ocasión ni será la última en que debamos abocarnos a analizar el drama carcelario del país.
El tema no es seguramente del mayor agrado ciudadano. Impresión y deseo de muchos es que los delincuentes deben ser encerrados en las prisiones y luego botar la llave. Se entiende hasta cierto punto. Hay demasiada preocupación en la calle por el auge de la criminalidad y una sensación colectiva de inseguridad. Una inquietud que se profundiza y se entremezcla con repugnancia cuando ocurren hechos de sangre tan sádicos, como el cuádruple asesinato del anciano oftalmólogo José Vicioso, su esposa y dos domésticas, aunque una de las cuales fue la que desencadenó la tragedia que pagó con la propia vida.
Una reciente investigación promovida por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Oficina Nacional de Defensa Pública fija la población carcelaria del país en 20 mil siete reclusos al momento de concluir dicho trabajo. Los mismos están hacinados en 42 recintos carcelarios, incluyendo 20 del llamado Nuevo Modelo. No hay que decir que la mayoría de estos reclusorios carecen de las más mínimas condiciones.
Muchos de estos reclusos son preventivos, están pendientes de juicio. Es muy probable que la gran mayoría resulten culpables de los delitos que se les imputan y quizás otros más que figuran en el prontuario policial con un gran porcentaje de reincidencia. Pero es posible que no todos lo sean. La Policía y la Justicia también se equivocan y arropan arbitrariedades no solo aquí, sino en todas partes. En los Estados Unidos, por citar un referente que se toma como modelo, los modernos métodos de investigación y en particular las pruebas de ADN han rescatado de la cámara de gas a más de un centenar de condenados a muerte de crímenes que no habían cometido.
No todos los reclusos son delincuentes empedernidos ni criminales sino autores ocasionales de hechos penalizados de menor importancia. Pese a ello, por obligación están obligados a compartir con elementos de alta peligrosidad el mismo drama ruin de nuestras prisiones, imperan por lo general la corrupción, la complicidad de algunas autoridades carcelarias y la influencia del dinero.
No deben ser las características de un régimen penitenciario, cuyo objetivo es la rehabilitación de reclusos que estén en disposición de reinsertarse en la sociedad y que demuestren estar en capacidad de hacerlo como seres útiles y sin riesgo para los demás. A muchos pudiera parecerles un propósito iluso, pero el sistema ha funcionado en otros países y no tiene por qué no serlo aquí. De hecho, está ocurriendo a través del Nuevo Modelo donde una gran cantidad de penados que califican para el sistema, van ganando el rescate de su libertad a través del trabajo, el estudio, la educación y la orientación psicológica. Los resultados hasta ahora son alentadores.
El resto sigue hacinado en esas sobrepoblados ergástulas que llamamos cárceles, donde presos de privilegio, principalmente ligados al narcotráfico, disponen de suficientes recursos para comprarse todo género de lujos desde celulares y computadoras hasta costosas bebidas y suculentas comidas y aún de facilidades para seguir manejando sus turbias operaciones desde el otro lado de las rejas. El resto, en cambio, inocente o delincuente primerizo y potencialmente rescatable, debe arrastrar una condena cumplida en las condiciones más miserables. El estudio a que antes hacemos referencia nos citan altos índices de tuberculosis, enfermedades de la piel, sida, dolencias respiratorias y Sida como las enfermedades más comunes. La atención, por lo general, es pobre o nula y el riesgo de contagio permanente. En adición, un 60 por ciento de los presos ha sufrido la reclusión solitaria y más de un 28 por ciento, castigos físicos. Obviamente, entre estos no figuran los privilegiados.
Los datos que ofrece este estudio al que el Diario Libre en su edición de hoy le concede el privilegio de ser su principal titular de portada, son altamente reveladores de la podrida entraña de nuestro régimen penitenciario tradicional y de referente para que los especialistas y autoridades fiscales, judiciales y penitenciarias lo usen de materia prima para corregir sus muchas deficiencias y vulnerabilidades que convierten sus recintos en verdaderos antros de todo género de infamias y verdaderas universidades del crimen.
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2012-11-26 22:32:38
