José Tomás Pérez, quien durante el gobierno del ex presidente Hipólito Mejía, en un momento en que el PRD dominaba las Cámaras Legislativas de una manera casi tan absoluta como ahora el PLD, fue el único senador con que contaba el hoy partido de gobierno, entonces en la oposición. Era la voz solitaria de la agrupación morada en el Senado de la República.
Su actuación como tal mereció una alta calificación. Se distinguió por ser un senador laborioso y dedicado. De su autoría fue el proyecto de Acceso a la Información Pública cuya aprobación consiguió a unanimidad, posteriormente también sancionada por la Cámara de Diputados, convertida en ley y promulgada. Aún cuando ha encontrado cierta resistencia para su cumplimiento en determinados círculos de poder, ha logrado su objetivo. Cuando en algunos casos la reticencia se ha convertido en obstáculo al parecer insalvable, los tribunales se han encargado de allanarle camino.
Con el peso moral que le otorga su pasada actuación senatorial y el hecho de figurar como uno de los más altos dirigentes del partido oficial, José Tomás Pérez acaba de exhortar a los miembros de la Cámara Alta, todos a excepción de uno, compañeros de militancia, a renunciar al cuestionado «barrilito».
No es la suya la única voz ni es esta la primera oportunidad en que se plantea el tema. En diversas ocasiones anteriores y desde diferentes litorales de la sociedad se ha calificado el llamado «barrilito» de un costoso y dispendioso uso de los fondos públicos, por más que sus beneficiarios hayan tratado de justificarlo con el argumento de que son recursos destinados a fines sociales en sus respectivas demarcaciones.
Pero la petición que hace José Tomás Pérez ahora, cobra fuerza imperativa en momentos en que el gobierno se ha visto obligado a impulsar una muy combatida reforma fiscal, convertida en ley por el propio Congreso para cubrir su voluminoso déficit, que representará una significativa sobrecarga impositiva que afectará, en mayor o menor medida, a todos los sectores de la población.
Si se están reclamando sacrificios a la gente por parte del gobierno y el Congreso a través del pago de mayores tributos para tapar un cuantioso hoyo fiscal, en el cual la inmensa mayoría considera que no tuvo arte ni parte ni debiera ser por consiguiente tema de su responsabilidad, lo correcto es predicar con el ejemplo.
Técnicamente el llamado «barrilito» como el «cofrecito en el caso de los diputados, no tienen razón de ser. La función de los legisladores no es disponer de fondos para realizar directamente supuestas o reales obras sociales. El legislador es un gestor, no un ejecutor. Las obras a favor de sus respectivas demarcaciones las debe negociar a través de su inclusión en el Presupuesto Nacional, que depende de su conocimiento, discusión y aprobación. Complementariamente, gestionándolas al igual que cualquier otro servicio o necesidad en los ministerios y demás dependencias públicas que corresponda.
Como quiera que se mire y por más esfuerzos dialécticos a que se apele para tratar de arroparlos, el «barrilito» y el «cofrecito» son vistos por la población como irritantes prebendas, como también las exoneraciones para la importación de vehículos sin límites de costo, la mayoría de las cuales son vendidas y convierten a quienes las compran en evasores fiscales, a veces de sumas exorbitantes y a quienes las venden, en cómplices de ese delito.
Ya que estamos ante una realidad inexorable como es la de taponar el hoyo fiscal para lo cual todos tendremos que sacrificarnos, bien pudieran los senadores y por extensión los diputados, acoger la sugerencia de José Tomás Pérez. Sería una señal positiva que enviaría el Congreso al país y una forma de mejorar su hoy no muy satisfactoria valoración pública.
EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
20, 11, 2012
teledebate(a)hotmail.com
2012-11-21 22:03:42
