Santo Domingo.- El jurista Julio Cury objetó el criterio del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien el pasado jueves le comunicó a la Suprema Corte de Justicia que por razones de oportunidad y prudencia debía abstenerse conocer la acción en inconstitucionalidad elevada contra el numeral 5 del artículo 13 de la Ley 137-11, modificada por la Ley 145-11, que limita a 75 años la edad para ser miembro del Tribunal Constitucional.
Cury, quien es miembro del Consejo Asesor del ingeniero Hipólito Mejía, adujo que las razones de prudencia y de oportunidad invocadas por el Procurador General para sustentar su dictamen, no prevalecen jerárquicamente sobre las disposiciones constitucionales ni pueden coartarle a la Suprema Corte el ejercicio de facultades previstas en la Carta Sustantiva.
«De conformidad con su artículo 6, la Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, y es ella, la Constitución, la que en su tercera disposición transitoria le reconoce competencia de atribución a la Suprema Corte de Justicia para que hasta que el Tribunal Constitucional quede integrado, conozca las acciones directas en inconstitucional presentadas contra las leyes, decretos y demás actos enumerados en el artículo 185», sostuvo el reconocido jurista.
Expresó que la Suprema Corte está obligada a cumplir con sus atribuciones en atención a los principios rectores de los servicios públicos establecidos en el artículo 147 de la Constitución, entre los que mencionó el de universalidad y responsabilidad, y sostuvo que el dictamen del Ministerio Público promueve implícitamente lo contrario.
Sin embargo, se mostró de acuerdo con que los jueces del más alto tribunal que superen los 75 años de edad se inhiban porque, según Cury, existen motivos para suponer que «tendrían interés personal en la contestación».
De igual modo, señaló que en virtud de la ley el magistrado Rafael Luciano Pichardo está inhabilitado para integrar el Pleno de la Suprema Corte porque en meses pasados se precipitó a emitir su opinión sobre la alegada inconstitucionalidad de la ley impugnada, y que al hacerlo, comprometió su imparcialidad y se descalificó.
«Al fijar públicamente su criterio, el magistrado Luciano se llevó de encuentro el artículo 8 de Organización Judicial, que les prohíbe a los jueces dar opiniones sobre asuntos jurídicos de carácter contencioso o que pudieran adquirir ese carácter, y a la vez, configuró una de las causas de recusación previstas en el artículo 378 del Código Civil», manifestó el jurista y asesor del candidato presidencial del PRD.
2011-10-17 15:34:31
