EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
El fin de semana fue apresado el destituido ex alcalde de La Romana, Juan Antonio (Tony) Adames y otros tres ex funcionarios de ese cabildo, acusados de complicidad. Todos han sido reducidos a prisión preventiva. Los cargos que pesan sobre los mismos revisten una elevada dosis de gravedad. Entre estos figuran la ejecución de obras irregulares, la modificación de compañías de servicios, pagos indebidos y no justificados, entre otros. Se les imputa falsedad en escrituras públicas, desfalco, asociación de malhechores y otras figuras delictivas establecidas en el Código Penal, que conllevan fuertes sanciones de prisión. El monto involucrado en alegadas operaciones ilegales monta a cientos de millones de pesos.
Lo de Adames, quien ejerció el periodismo hasta ganar la Alcaldía Romanense en las pasadas elecciones, era una crónica anunciada. Su caso venía arrastrándose desde semanas atrás, cuando los regidores decidieron destituirlo, pasando a ocupar su posición, la Vicealcaldesa. Después de haber apelado inútilmente a los tribunales para ser repuesto en la posición, se le atribuye haber contratado sicarios para atentar contra su sucesora.
No es el primero ni el único caso de manejo irregular y posible comisión de actos de corrupción en los gobiernos municipales, aunque sí hasta ahora el más publicitado.
Todavía fresco en los medios de comunicación el apresamiento de Adames y sus alegados compinches, la Fundación Justicia y Transparencia, la Asociación para el Desarrollo de Cabarete y la subdirectora de ese Distrito Municipal están solicitando mediante un recurso de amparo el cumplimiento de la sentencia para la inmediata suspensión de su director, Gabriel Antonio Mora, alias Canoa, por prevaricación, asociación de malhechores, desfalco y manejo irregular de 185 millones de pesos.
Recordemos que hace escasas semanas, la Cámara de Cuentas presentó un voluminoso informe sobre auditorías llevadas a cabo en decenas de ayuntamientos y distritos municipales del país, revelando toda una larga lista de anomalías, desde cuantiosos gastos sin justificar, otorgamiento de contratos y concesiones, numerosos casos de nepotismo y nóminas abultadas repletas de parientes, activistas y parciales partidarios cobrando sin trabajar. Notorio el caso de un Distrito Municipal donde aparecen cobrando más de trescientas personas, equivalentes a la sexta parte de sus habitantes, de los que solo tres prestan servicio. Pocos de los casos auditados pudieron presentar sus cuentas claras.
Demás significar que en el resto donde se detectaron irregularidades, se incumple la ley donde se establecen las proporciones en que las autoridades municipales deben distribuir los fondos que reciben del Estado. Las fallas de gestión son fácilmente visibles en las deficiencias en la recogida de basuras, el mal estado de calles, contenes y aceras, el abandono de los cementerios, el penoso estado de los parques y la falta de higiene en mercados y mataderos asi como la precariedad de los restantes servicios que deben prestar los gobiernos municipales.
A la luz de estas penosas revelaciones que afectan a la gran mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales, no deja de ser un contrasentido que pese a ello a estos últimos se les haya otorgado mil millones de pesos adicionales, a los cuales ya hay mucho más de uno afilándose la dentadura para hincarles el diente.
Los casos de La Romana y Cabarete, sin embargo, deben servir de estimulo a la presentación de otras denuncias de casos similares, quedando a cargo de la Justicia la responsabilidad de aplicar con rigor ejemplar las sanciones correspondientes a cada caso una vez que se compruebe la veracidad de las mismas.
Porque como bien dejó establecido el organismo fiscalizador que preside la doctora Licelott Marte de que hay tela más que sobrada donde cortar, no hay la menor duda.
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2013-11-12 21:47:36
