EL TIRO RAPIDO DEL JUEVES
Mario Rivadulla
Invitados al almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio, los senadores Charlie Mariotti, de Monte Plata y Julio César Valentín, de Santiago, ambos peledeistas y muy cercanos al Presidente electo Danilo Medina, focalizaron su comparecencia en el cada vez más actualizado tema de la corrupción pública. Al presente, cursan varios proyectos encaminados a tratar de prevenir y sancionar fuertemente los actos dolosos en que puedan incurrir los funcionarios públicos. Uno de ellos, de la autoría del propio Mariotti, ha tenido que ser introducido por tercera ocasión, ya que en las dos oportunidades anteriores corrió el tiempo sin pausa hasta perimir.
Ambos legisladores hicieron énfasis en la necesidad y conveniencia de sancionar con fuertes multas, elevadas penas de prisión e incautación de bienes mal habidos durante el desempeño de la gestión y al amparo de esta. Las sanciones, según expresaron, deben ir en consonancia con el monto de lo apropiado o ganado mediante subterfugios y operaciones ilícitas. Una de ellas, mencionada específicamente durante el encuentro y de las que resulta más lucrativa, es las contratas del Estado otorgadas mediante privilegio a terceras personas relacionadas, muchas veces familiares.
Vale insistir en este punto, ya que el Estado recibe incontables perjuicios debido a tales maquinaciones, que son los mismos beneficios que a su vez reciben sus autores. Uno de ellos, la sobrevaloración de obras, bienes y servicios. Frecuentes los casos en que obras licitadas o presupuestadas a un monto, resultan encarecidas durante el proceso de ejecución. En muchos casos, tales sobreprecios alcanzan niveles escandalosos. Otra forma habitual, es el uso de materiales de inferior calidad a lo presupuestado lo que provoca el rápido deterioro de la obra realizada. No es extraño que muchas de las ejecuciones estatales presenten al poco tiempo de su entrega, serios vicios de construcción. Los ejemplos sobran.
Precisamente otro senador también oficialista, el periodista y escritor José Rafael Vargas, que representa en el alto cuerpo legislativo a la provincia Espaillat, presentó hace algún tiempo un proyecto de ley para supervisar la ejecución de las obras estatales con la finalidad de comprobar el cumplimiento estricto de los estándares exigidos. Este proyecto pudiera también considerarse dentro del marco de los encaminados a tratar de frenar la creciente y en no pocos casos, escandalosa corrupción administrativa.
La corrupción pública es casi un mal endémico en el país que se ha sucedido a lo largo de todos los gobiernos, incluyendo el propio Trujillo que era el principal y posiblemente único depredador de los bienes públicos. Al tratar de cuantificarla en más de una ocasión se ha mencionado la cifra de 30 mil millones de pesos anuales. Es una suma impresionante pero posiblemente se queda muy alejada de la realidad. Aceptándola como válida, no cuesta trabajo imaginar las muchas necesidades vitales que pudieran ser debidamente atendidas con esos recursos.
Pero la corrupción no es un mal que afecte exclusivamente a los poderes estatales. La misma ha permeado la vida nacional, afectando todas las capas sociales, a través de distintas modalidades que aunque por lo general crean menos conmoción pública, son igualmente lesivas. Con frecuencia el ojo avizor de la autoridad aduanal sorprende e impide voluminosas operaciones de contrabando por cientos de millones de pesos. No hace muchos días, la vigilante pupila de la Dirección General de Impuestos Internos reveló que más del 95 por ciento de las empresas no pagan el Impuesto sobre la Renta los intereses que les generan los certificados de ahorros en bancos comerciales. El monto de la evasión montaría a más de cuatro mil millones de pesos. Los ejemplos son incontables, incluyendo el mismo robo de la energía eléctrica.
Hay que saludar los esfuerzos legislativos para poner un freno a la corrupción y en un cepo a los responsables. Pero recordemos que al igual que en el caso de los feminicidas, la raíz del problema es cultural. Y es preciso por consiguiente, ir desarraigando tanto por la vía compulsiva de las leyes penales como por la educación y el convencimiento, la torcida cultura de la corrupción en todas sus diferentes vertientes.
El dilema que enfrentamos y que deberá ser considerado de la más alta prioridad por el nuevo gobierno que asumirá a partir del próximo 16 de Agosto es tan simple como categórico: o ponemos un alto a la corrupción o esta terminará por frustrar las mejores posibilidades de desarrollo sano y sustentable del país y con ello los últimos vestigios de valores y principios esenciales que hemos ido dejando a lo largo del camino y que es urgente recuperar.
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LA REFLEXION DE HOY
«Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida» (Arthur Schnitzler).
2012-06-29 17:29:53
