Washington, 26 abr (PL), 8:44 am.- El Congreso de Estados Unidos busca asentar mayores estándares de transparencia federal tras el escándalo en la Administración de Servicios Generales (ASG), cuyos directivos gastaron capitales del Estado en viajes de ocio.
Una nueva iniciativa legal presentada por el diputado republicano por California, Darrell Issa, y denominada Digital Accountability and Transparency Act (acta para la transparencia digital de la contabilidad) impone mayores restricciones y supervisión a las agencias gubernamentales.
A tenor de esta ordenanza, la ASG y demás organismos federales tendrán que rendir una cuenta uniforme y regular ante la ciudadanía norteamericana sobre sus gastos o inversiones, además de publicar todos los detalles en una única página de Internet.
La normativa igualmente dispone que los gastos en viajes y conferencias no podrán superar 500 mil dólares y queda prohibido que las agencias envien más de 50 empleados a reuniones internacionales, entre otras reglas taxativas.
El caso del despilfarro en la ASG trascendió este mes hasta los medios de prensa y se sumó al sonado fiasco del Servicio Secreto y las prostitutas colombianas para mal de la administración de Barack Obama, quien ha intentado eludir responsabilidades.
Ejecutivos del órgano estatal fueron acusados por el malgasto de cuantiosos capitales en lujosas conferencias y viajes de funcionarios a destinos exóticos e inauditos como los casinos de juego en Las Vegas, Nevada.
Uno de los implicados realizó visitas a Hawai, la región vinícola del valle del Napa e islas del Pacífico Sur con un costo general de casi un millón de dólares, incluso después de que un inspector federal había advertido acerca de los excesos y el abuso de poder.
Paradójicamente, la ASG es la entidad que debe planificar el manejo eficiente de la propiedad y registros del Gobierno. Ello incluye la construcción, operación y eliminación de edificios, la compra y distribución de provisiones, y el manejo del transporte y las comunicaciones.
El exjefe y otros funcionarios de la Administración de Servicios podrían ser procesados por posibles sobornos y comisiones ilícitas.
Desde el punto de vista de la fiscalía, este caso judicial se centra en el elevado coste de una conferencia celebrada en Las Vegas, que incluyó alojamiento en suites de lujo, trajes, vino italiano e incluso la contratación de los servicios de un payaso.
En su primera comparecencia ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Jeffrey Neely, un comisionado regional de la ASG, se acogió a la quinta enmienda constitucional que le otorga el derecho de permanecer callado.
El representante demócrata Elijah Cummings acusó a Neely de ver a la dependencia como «un tipo de agencia real que utilizó fondos de los contribuyentes para financiar un estilo de vida lujoso», además pidió que no se le otorgue inmunidad al funcionario.
Brian Miller, inspector general y autor de las primeras denuncias sobre este escándalo, subrayó que los ahora conocidos procedimientos irregulares de la agencia en realidad se efectúan desde a los años de la administración de George W. Bush.
2012-04-26 12:38:06
