Reflejando la indignación que ha provocado el brutal y cobarde atentado contra la ingeniera Francina Hungría, la ira se le desbordó al diputado Luisín Jiménez cuando al inicio de la penúltima sesión de la Cámara, reclamó del Jefe de la Policía Nacional, el «ajusticiamiento» de los responsables del criminal hecho.
Se entiende la indignación del legislador. Se comparte, inclusive. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza que desdicen de la condición humana de quienes los perpetran, todo el coraje sale a flote. Dan deseos de matar a los culpables. Pero no es ese el camino, ni por consiguiente podemos hacer causa común con la propuesta.
En el país no existe la pena de muerte. De hecho, se ha estado eliminando en muchos otros donde se aplicaba, por entender de acuerdo a la experiencia cosechada, que no es la mejor receta para sancionar un delito por grave que sea, ni tampoco garantiza una disminución de la criminalidad. Esto, sin contar que no han sido pocas las ocasiones en que personas inocentes han sido llevadas al cadalso para luego comprobar, ya sin posibilidad de remediar el fatídico error, que no eran culpables de los delitos que se les imputaban y por los cuales fueron condenados a la pena máxima.
Si algo se ha reprochado a la Policía es la frecuencia de muertes arropadas en los llamados «intercambios de disparos». Nunca hemos puesto en duda que buena parte de los mismos no han sido inventados para encubrir ejecuciones sumarias de la clase que acaba de plantear el legislador peledeísta. Basta comprobar el grado de alta peligrosidad de muchos elementos criminales, como en el presente caso, que por lo general bien armados, a veces mejor que los propios agentes del orden público, asesinan a sus indefensas víctimas sin que parezcan tener el menor reparo de conciencia y hacen frente a los miembros de la uniformada a tiro limpio. Oficiales y agentes que han pagado con su vida son dramático testimonio de ello.
Pero hay palpables evidencias de que en muchos otros casos no resulta así. De que miembros del cuerpo de orden público, verdaderos matones de la misma calaña que los criminales, convertidos en verdugos por la libre matan a mansalva a personas ya detenidas, cuando no, haciendo uso alegre de sus gatillos, provocan muertes innecesarias de seres inocentes. Los casos sobran. Entre estos figuran sacerdotes, jóvenes estudiantes y trabajadores, profesionales y hasta altos oficiales y miembros de la propia Policía y los institutos armados.
Lo que a nuestro juicio hay que demandar en casos tan indignantes como el de la joven Francina, es que el mecanismo de persecución y justicia se muestre en todo su rigor. Que se aprese a los culpables y sobre ellos caiga en los tribunales el mayor peso de la ley sin contemplaciones. El interés de los familiares y una opinión pública alerta pueden ejercer una oportuna auditoría para velar porque así sea, no como un acto de venganza personal sino de justicia.
Lo otro, amigo Luisín Jiménez, es transitar un camino erizado de riesgos. Conducirnos de la mano de la incivilidad. Abrir una especie de peligrosa «Caja de Pandora», de donde luego pueden surgir todos los mayores abusos. Ni la Policía ni ningún cuerpo armado debe recibir «licencia para matar». Hoy todos pudiéramos aplaudir que se haga justicia sumaria sobre el par de miserables que cometieron este hecho brutal. Mañana, pudiéramos en cambio, estar llorando lágrimas de sangre por una autoridad desbocada cometiendo todo género de atropellos y arbitrariedades. De ahí a la dictadura, no hay más que un paso.
EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
29, 11, 12
teledebate@hotmail.com
2012-12-02 15:17:28
