EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Una encuesta realizada por la acreditada firma Gallup, cuyos resultados fueron divulgados por la prensa en días recientes de la presente semana, revela que más de un 97 por ciento de las personas consultada favorecen que la Constitución de la República sea incorporada e impartida como asignatura en las escuelas. Es una señal positiva de que la ciudadanía valora la importancia de la Carta Magna y la conveniencia de quedar bien edificados de su contenido.
Ninguna Constitución anterior a la presente, por lo menos en el último medio siglo, había despertado ese interés público. Antes al contrario, la inmensa mayoría de los dominicanos no mostraban la menor inclinación en abocarse a conocer su contenido, pese a que la misma es la piedra angular de la estructura jurídica e institucional, donde aparecen consignados los derechos y deberes de ciudadanos frente al Estado y la de los distintos poderes públicos ante los mismos. Esa indiferencia, alcanzó inclusive a la propia clase gobernante que no tenía reparo en violarla y hasta procedía a modificarla a conveniencia de coyunturas e intereses. No olvidemos que el propio Presidente Balaguer llegó a proclamar en determinado momento que «era un pedazo de papel».
Seguramente en el interés de ahora cuenta el hecho de la forma en que se elaboró la actual Carta Magna, sometida a un previo, largo y laborioso proceso de consultas públicas, a la elaboración posterior de un anteproyecto por parte de varios de los más destacados constitucionalistas del país y más tarde, a otro también dilatado período de discusión en el Congreso que contó además con una segunda vuelva de repaso, todo ello enriquecido por múltiples propuestas, sugerencias y hasta críticas y fuertes debates a través de los medios de comunicación, como ocurrió con el controversial tema de la penalización del aborto.
Es evidente que esa dilatada elaboración tiene que haber influido de manera determinante en que la llamada Ley de Leyes se convirtiera en noticia frecuente en los medios de comunicación y en un tema popular, tal como lo confirman ahora los resultados tan absolutos de la Gallup.
Fue siendo Secretaria de Educación, Jacqueline Malagón, que propusimos y fue acogida por la funcionaria la idea de llevar el conocimiento de la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos a las escuelas públicas. En esa ocasión se imprimieron decenas de miles de ejemplares de ambos. Tiempo después, la funcionaria dejaba el cargo para desempeñar otras responsabilidades y el proyecto se descontinuó, quizás en gran parte porque estaba desfasado en términos de interés y oportunidad.
Ahora, sin embargo, las circunstancias son muy diferentes y conforman un marco propicio para que un proyecto de esta clase pueda desarrollarse con la importancia y amplitud requeridos. Ya en esta ocasión no solo como simple material de conocimiento sino como toda una asignatura formal, que amerita ser analizada y discutida en las aulas en un proceso dinámico de interacción entre el profesor y los alumnos y estos entre sí. Esa puede ser la zapata de la educación cívica para formar ciudadanos conscientes de sus derechos pero también de sus deberes. Para ello, lógicamente será necesario previamente organizar talleres para que los profesores puedan profundizar en el conocimiento del texto constitucional y llegar a dominarlo con sentido docente.
A poco de iniciarse la presente administración, el presidente del recién creado Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, hizo esta misma propuesta. Luego la Cámara de Diputados tuvo la feliz iniciativa de imprimir el texto constitucional y darle una difusión masiva, contribuyendo a incrementar aún más del interés en el tema.
Toca ahora a las autoridades educativas hacer espacio a esta propuesta dentro de su abultada y apremiante agenda actual de trabajo, en la seguridad de que la misma habrá de constituir un factor de importancia en el propósito de elevar la calidad de la educación nacional y en la forja cívica de los estudiantes como futuros ciudadanos.
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2013-07-30 04:05:34
