El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD), respaldó las declaraciones del Dr. Jorge Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se pronunció sobre los escándalos judiciales más recientes como causa directa de la decisión que pide a los jueces de todo el país ser drásticos al momento de imponer medidas de coerción, dado que su decisión tiene incidencia en el sentimiento de inseguridad ciudadana, tal como se pide en la Resolución No. 58-2010 del alto tribunal dominicano.
En ese sentido, el CARD, a través de su presidente, Diego José García explicó que las actuales autoridades del Poder Judicial están conscientes de que se requieren medidas orientadas a restaurar la confianza pública en la justicia, y de que la Suprema Corte de Justicia puede y debe jugar un papel estelar en la provisión de las medidas complementarias de las políticas represivas estatales. Reclamó, no obstante, que esas medidas se complementen con un amplio programa de control y vigilancia de las actuaciones de los jueces en todo el país, para evitar que hechos bochornosos continúen empañando la justicia nacional.
?La prudencia que se le pide a los jueces de la instrucción, en el manejo de las medidas de coerción, se corresponde con la mejor protección de los intereses de la sociedad en la que vivimos todos?, dijo el máximo representante de los abogados, al tiempo de exhortar a dichos jueces ?a valorar armónicamente todos los elementos y circunstancias de los casos sometidos a su consideración para evitar que peligrosos delincuentes aprovechen el sistema garantista para defraudar la necesidad de justicia?.
Diego José García ponderó el resguardo de la institucionalidad que plantea la Resolución 58-2010, al exigir a los jueces o la Corte que al revisar una medida de coerción de prisión preventiva motiven su decisión, en respeto de su obligación legal de explicar amplia y detalladamente en qué consiste la variación de las condiciones que en su momento justificaron la prisión preventiva, pues de esa manera se mantiene incólume la normativa procesal, en su exigencia de respeto por las garantías ciudadanas.
El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD) calificó la referida Resolución 58-2010 como una salida transitoria y salomónica a la problemática que se advierte a nivel social con el auge de la delincuencia, Resolución que deberá ser armonizada e integrada al Código Procesal Penal, en ocasión de las necesarias modificaciones que habrán de hacerse a la ley 76-02, en procura de armonizar la política criminal, con el garantismo y la realidad social.
2010-02-17 00:01:48
