Santo Domingo, RD, 1 de Octubre.- Abogados y voceros de unas 150 familias afectadas por la quiebra de la Corporación Delta Intur afirmaron que la admisión pública de la empresa de que sus accionistas principales no reconocen el domicilio legal declarado en la ciudad de Santo Domingo, justifica con más razón las medidas de coerción dictadas por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
«Al negarse a comparecer ante los tribunales dominicanos bajo el alegato de que no residen en el país, los señores Leonardo Sánchez Heredero Alvarez, Mariano Vallejo Martín y José Ignacio Martín Moina, pretenden eludir la acción de la justicia, declarando distintos domicilios, de acuerdo a su conveniencia», expresan los reclamantes en un documento de prensa.
Mediante la acción legal contra los empresarios españoles y los ejecutivos locales de Delta Intur, se procura la devolución a los tenedores de bonos y papeles comerciales de unos RD$ 700 millones de capital y RD$ 315 millones de intereses y mora acumulados a la fecha, dejados de pagar desde que la empresa comenzó a mostrar señales de insolvencia a principios del año 2012.
La jueza interina Leticia Martínez Noboa, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso orden de arresto contra el grupo por negarse presentarse ante el tribunal luego de ser sometidos a la Justicia bajo la imputación de distraer más de mil 500 millones de pesos depositados en esas entidades a través de bonos corporativos y papeles comerciales.
Declaración jurada
Los representantes de la familias afectadas suministraron copia de una declaración jurada del gerente general de Delta Intur, Julio José Vega López, donde se establece que el domicilio legal de esa empresa está situado en la calle Lope De Vega número 35, esquina Max Henríquez Ureña, de la ciudad Santo Domingo».
La declaración jurada, certificada por el notario público José Humberto Bergés Rojas, está fechada el 15 de diciembre del 2009 con motivo de la emisión de un programa de bonos corporativos por mil 300 millones de pesos de la Corporación Delta Intur.
«El argumento de los ejecutivos de Delta Intur es que ellos no tienen domicilio en la República Dominicana; pero resulta que el tribunal y la fiscalía les citaron varias veces a la Lope de Vega número 35, domicilio declarado como propio por ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y por tanto, el propio Sexto Juzgado de la Instrucción, al confirmar que esas personas habían fijado domicilio por ante instituciones públicas dominicanas en el país, precisamente en la Lope de Vega nº 35, ordenó que fueran citados a ese domicilio que es, además, el domicilio de todas las empresas que usan para sus actividades en el país», indicó la declaración del Comité de Bonistas.
Y apunta que «después de haber recibido actos en esa dirección y haberlo declarado como su propio domicilio en el país, los señores Leonardo Sánchez Heredero Alvarez, Mariano Vallejo Martín y José Ignacio Martín Moina, han pretendido modificar esa declaración pública para presentar ante Tribunal un domicilio distinto que además, no es su domicilio real, pues el número 1 de la calle De la Vega, Alcobendas, Madrid, es el domicilio del Grupo Inmobiliario Delta y no el domicilio real de los imputados, tal y como fue demostrado y acogido por el tribunal que ordenó citarles».
Aseguran que los empresarios españoles declarados en rebeldía repiten los argumentos que fueron derrotados en audiencia, donde la magistrada determinó que el tema de los domicilios se falló en la primera audiencia en base a la ley de sociedades pues los imputados establecieron domicilio en la Lope de Vega, hecho confirmado por la juez titular.
«Estos señores pretenden burlarse de la inteligencia de la gente al alegar que el accionista mayoritario y los ejecutivos claves de Delta Intur no saben de las ocho audiencias celebradas, a pesar de que su principal representante en el país ha estado presente en cada una de ellas», expresan.
«Para apropiarse del dinero de los bonistas tenían domicilio en Santo Domingo, pero para responder ante la Justicia, viven en España y parecen ignorar que tanto ellos como Delta Intur han sido sometidos a la justicia para que respondan por los cargos de violación del Código Penal Dominicano, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Mercado de Valores, y la Ley sobre Mercado y Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
La querella de acción penal pública a instancia privada, con constitución en parte civil está a cargo de los abogados Luis Miguel Rivas, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez, Gustavo Biaggi, Lincoln Hernández Peguero, Hipólito Herrera Vasallo, y Laura Acosta Lora.(HG).
2013-10-01 17:40:23
