Photos
Por J. PRESTON / The New York Times
PEKIN.- Dirigentes legislativos en al menos una docena de estados están planteando que propondrán iniciativas de ley similares a la polémica ley para combatir a la inmigración ilegal que adoptó Arizona la primera pasada, aun cuando un tribunal federal suspendió sus disposiciones centrales.
Los esfuerzos, liderados por los republicanos, son parte de una ola de acciones estatales que se avecinan este año, orientadas a ejercer medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.
Los legisladores también anunciaron medidas para limitar el acceso a universidades públicas y otras prestaciones a inmigrantes indocumentados y castigar a empleadores que los contraten.
La semana próxima, al menos cinco estados planean comenzar un esfuerzo inusual y coordinado para cancelar la naturalización automática para hijos nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados.
Los oponentes dicen que ese esfuerzo sería inconstitucional, y argumentan que el poder de otorgar la ciudadanía reside en el gobierno federal, y no en los estados. No obstante, las posibilidades de que se aprueben muchas de dichas medidas parecen mejores que en ningún otro momento desde el 2006, cuando muchos estados, frustrados por la falta de acción de Washington, empezaron a proponer iniciativas para detener la inmigración ilegal.
Los republicanos ganaron más de 690 escaños en las legislaturas estatales en todo el país en las elecciones intermedias de noviembre, y ganaron su representación más fuerte en el ámbito estatal en más de 80 años.
Pocas personas esperan movimiento sobre los problemas de inmigración cuando el Congreso se vuelva a reunir la semana entrante en un Washington dividido. Los republicanos, que controlarán la Cámara de Representantes, no apoyan la reforma de las leyes migratorias que el presidente Barack Obama prometió seguir impulsando. Los legisladores estatales dicen que ha recaído en ellos tener que actuar.
«El fracaso del gobierno federal para poner orden en nuestra frontera ha convertido funcionalmente a cada estado en uno fronterizo», explicó Randy Terrill, un representante republicano en Oklahoma, quien ha liderado la campaña por las leyes contra la inmigración ilegal ahí. «Esto es federalismo en acción», dijo. «Los estados están interviniendo y llenando el vacío dejado por el gobierno federal».
Sin embargo, las propuestas ya han generado oposición de algunos organismos empresariales. Y están obligando a un examen introspectivo estratégico dentro del Partido Republicano a escala nacional, con una base populista en aumento por un lado exigiendo medidas migratorias duras y, por la otra, los tradicionales partidarios republicanos en la empresa y un electorado latino en rápido crecimiento que se oponen a ellas.
En Utah, un estado dominado por republicanos, dirigentes empresariales, de las fuerzas del orden, de varias iglesias y de la comunidad latina buscaron tender un puente sobre la división al reunirse en noviembre en torno a un pacto para exhortar a la moderación en los problemas migratorios.
Es posible que no entren en vigor inmediatamente algunas de las medidas más polémicas, incluidas iniciativas de ley al estilo Arizona y aquellas cuyo objetivo es eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos nacidos estadounidenses de padres inmigrantes indocumentados. Latinos y organizaciones legales de defensoría de inmigrantes se estên preparando para un montón de demandas judiciales.
Entre los estados que se espera presenten iniciativas de ley similares a las de Arizona están Georgia, Misisipi, Nebraska, Oklahoma, Pensilvania y Carolina del Sur.
La ley de Arizona autoriza al estado y a la policía local a preguntar por la situación migratoria de cualquiera a quien detienen por otras razones, si tuvieran una ??sospecha razonable» de que la persona fuera un inmigrante indocumentado.
Al actuar en una demanda presentada por el gobierno de Obama, un juez federal suspendió disposiciones centrales de la ley. En noviembre, el Tribual Federal de Apelaciones del Noveno Circuito conoció de los argumentos sobre una apelación de esa suspensión presentada por Arizona.
«Los estados seguirán adelante a pesar del Noveno Circuito», señaló Kris Kobach, un catedrático de derecho y político de Kansas, que ayudó a muchos estados a elaborar leyes migratorias; incluida la de Arizona. «Muchas personas reconocen que la decisión del juez de distrito está demasiado abierta a la controversia».
En Oklahoma, donde los republicanos ganaron grandes mayorías en ambas cámaras de la legislatura y el cargo de gobernador, Terrill dijo que presentaría la iniciativa de ley llamada «Arizona más». Además de las disposiciones de la ley de Arizona, se permitiría la confiscación del vehículo y propiedad usados para transportar o albergar a inmigrantes indocumentados.
En Georgia, una comisión totalmente de legisladores republicanos planea proponer medidas para mejorar la aplicación de las duras leyes ya promulgadas. Georgia también considerará una iniciativa de ley para prohibir que los estudiantes inmigrantes indocumentados asistan a cualquier universidad pública.
Se espera que el recién elegido gobernador republicano, Nathan Deal, firme dichas iniciativas. Sin embargo, la Oficina Agropecuaria de Georgia, que representa a los poderosos cultivadores del estado, votó en oposición a cualquier medida que afectara a los trabajadores agrícolas inmigrantes, la mayoría de los cuales no tiene estatus legal.
En Kansas, los republicanos ganaron grandes mayorías en ambas cámaras legislativas y se eligió gobernador a Sam Brownback, quien se acaba de retirar de ser senador federal. Kobach, el catedrático de derecho, fue elegido secretario de estado tras una campaña en la que prometió aprobar una ley por la cual se requeriría presentar prueba de ciudadan?a para poder votar. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Kansas ha expresado su oposición, y Brownback dijo que se concentrará en reducir el desempleo.
La iniciativa más reciente es un esfuerzo conjunto entre legisladores de estados que incluyen a Arizona, Oklahoma, Misuri y Pensilvania para aprobar leyes basadas en un solo modelo, por las cuales se negaría la ciudadanía estadounidense a hijos nacidos en esos estados de padres inmigrantes indocumentados. Los legisladores anunciarían una campaña en Washington el miércoles.
Un dirigente de dicha campaña es Daryl Metcalfe, un representante estatal republicano de Pensilvania. En una reciente rueda de prensa, Metcalfe dijo que su objetivo es eliminar «el estatus de bebé ancla, por el cual un invasor extranjero ilegal llega a nuestro país y tiene un hijo en nuestro territorio, a quien se le otorga automêticamente la ciudadanía».
Con seguridad que la campaña se topará con obstáculos legales. Los tribunales han interpretado que la Enmienda 14 garantiza a la ciudadanía como un derecho de nacimiento. Incluso entre quienes buscan su revocación, el debate ha dependido en si ello requeriría de una enmienda constitucional, un acto del Congreso o una decisión de la Suprema Corte.
Algunos republicanos argumentan que su partido se arriesga a perder su atractivo entre los votantes latinos, la minoría de crecimiento más rápido en el bloque electoral.
«El Partido Republicano está dividido entre quienes ven que los hispanos son un electorado esencial que avanza, y quienes no lo ven», señaló Tamar Jacoby, un republicano que es presidente de ImmigrationWork USA, una coalición empresarial que apoya la legalización de los inmigrantes indocumentados.
Organismos latinos y de defensoría de los inmigrantes están resignados a estar a la defensiva los siguientes dos años. «Estas leyes están generando resentimiento dentro de la comunidad latina, que va a durar décadas», indicó Tony Yapias, el director del Proyecto Latino de Utah en Salt Lake city, una organización de defensoría de inmigrantes.
2011-01-09 03:36:53
