Santo Domingo, RD, 20 de octubre.-La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, advirtió este lunes que se urde un complot contra el procurador general de la república, que persigue interpelarlo en el senado de la República y el Congreso Nacional, por las investigaciones que por la comisión de actos de corrupción y lavado de activo, este viene realizando y pretenden que sean descontinuadas.
A través de una nota de prensa, ADOCCO calificó como preocupante la revelaciones hechas por un grupo de legisladores pretende interpelar al procurador general, Francisco Domínguez Brito, por un supuesto activismo político en violación a la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero que en el fondo lo que se quiere es desviar la atención de las investigaciones que el mismo viene realizando por medio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PEPCA.
En ese sentido congresistas del Partido de la Liberación Dominicana se han manifestado al respecto
De su lado, el senador por el Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez dijo desconocer que haya intenciones en el Congreso Nacional, al tiempo de adelantar que se opondrá, pronunciamiento respaldado por la organización de la sociedad civil, ve como positivo, al tiempo de saludar la posición del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien dijo que esa intentona no prosperará en la cámara baja, lo que devuelve tranquilidad a la sociedad dominicana ante esta amenaza desestabilizadora e inoportuna.
Mientras que, el senador, Prims Pujals Nolasco sugirió al jefe del Ministerio Público renunciar a su para dedicarse a la política, bajo el alegato de que la política es incompatible con el cargo de Procurador General, como en efecto lo contempla la Ley Orgánica del Ministerio Público que prohíbe a los fiscales de carrera participar en la política, ya que al procurador general es la único funcionario del Ministerio Público al que le está prohibida el activismo político sin ser de carrera, ya que lo nombra el Poder Ejecutivo por un período casi siempre menor de cuatro años.
La interpelación conforme al artículo 95 de la Constitución, debe ser a solicitud de al menos tres legisladores y si el funcionario o funcionaria no compareciese sin causa justificada o se consideran insatisfechas sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra, así como también recomendar su destitución del cargo al presidente de la República o a su superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad, que es finalmente lo que procuran los complotados.(HG).
2014-10-20 21:48:15