Santiago RD 14 enero..- El equipo de abogados que representa a Molinos Valle del Cibao, en la querella contra el empresario Carlos Lama Séliman, acusado de una estafa millonaria en contra de esa empresa, demandó este lunes por ante el Consejo del Poder Judicial la cancelación del juez que ordenó la variación de la coerción interpuesta semanas antes al imputado.
Los juristas, encabezados por Guillermo Estrella Ramia, depositaron el documento que fue recibido en la secretaría del principal estamento judicial del país, en el que reclaman la destitución del magistrado Henry Valentín Domínguez Domínguez.
La petición está firmada, además de Estrella Ramia, por los abogados José Octavio López Durán, Urbano Augusto Tupete Rodríguez, Birmania Miguelina Quezada Calderón, Marlit Badía Taveras y Leandro Corral.
Domínguez Domínguez, actuando como juez interino de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de este distrito judicial, varió la medida de coerción que le había impuesto la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago a Lama Séliman, imputado extraditado.
Se recuerda que el 17 del mes de diciembre del año 2012, el juez Domínguez Domínguez, quien se encontraba de manera interina supliendo la ausencia de la jueza titular del referido tribunal, emitió la resolución número 061/2012, variando el monto y la modalidad de la medida de coerción impuesta al acusado.
La medida impuesta consistía en una garantía económica por 75 millones de pesos en efectivo, fijada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 25 de septiembre del y ratificada en dos ocasiones por el mismo tribunal.
Domínguez Domínguez luego la varió por una garantía económica de 20 millones de pesos, a través de una compañía de seguros, lo que ha sido considerada por los abogados de Molinos Valle del Cibao como extremadamente benigna.
La empresa afectada por la estafa indicó que la resolución emitida por Domínguez Domínguez sorprendió a gran parte de la sociedad de Santiago y del país «porque el caso es de una notable connotación social, al tratarse de un prófugo acusado de estafar por más de 100 millones de dólares a múltiples familias dominicanas».
Y recordó que Lama Séliman escapó del país «viviendo por más de ocho años de los montos tomados de las víctimas, por haber sido llevado un proceso de extradición en contra del mismo y capturado por la INTERPOL seis años después de iniciarse su extradición».
Molinos Valle del Cibao, expuso en una nota de prensa remitido a este medio que por estas razones, la variación de la medida de coerción contenida en la decisión del juez Domínguez Domínguez, en contra de quien se solicitó esta mañana su la cancelación, produjo tanta indignación y repudio.
La entidad empresarial dijo que fundamentará su solicitud en contra del magistrado Domínguez Domínguez en la Ley No. 327-98 de Carrera Judicial y su Reglamento, la Constitución de la República, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, guía de aplicación para el correcto comportamiento de los Jueces del país, patrocinado por el actual Consejo del Poder Judicial, entre otras normativas, por entender que en el accionar del indicado Juez al emitir dicha decisión se han violentado diversas disposiciones contenidas en esos instrumentos legales.
De igual forma, expresó que lamentablemente se ha convertido en una constante en el país, como un juez interino pone en libertad a un imputado con vastos recursos económicos, como es el caso del extraditado Carlos Lama Séliman, que comete hechos graves repudiado en toda su magnitud por la sociedad y al cual un Tribunal superior impone una medida de coerción fuerte y que sirve de ejemplo, de buenas a primera y de manera insólita un Juez interino varía la medida por otra sumamente flexible que no cumple ninguna finalidad.
Molinos Valle del Cibao, señaló que accionará en este sentido debido a que esta práctica irregular, grosera y escandalosa debe ser eliminada por el bien de todos y que dicho Juez no debió emitir una decisión de espalda a la normativa procesal penal que, sin duda alguna, perjudicó no sólo la imagen del sistema de justicia penal de la nación, sino también que generó un estado de intranquilidad e inseguridad jurídica en la sociedad dominicana.
El grupo empresarial dijo tener plena confianza de que en este caso el Consejo del Poder Judicial realizará una correcta investigación de los hechos acontecidos y dictará una decisión ejemplificadora que pondrá fin a esta conducta que no es propia de un Juez que tiene la obligación de tutelar también los derechos de las víctimas.
2013-01-14 16:19:26
