Por Manuel Hernández Villeta
El ministerio público y la Policía Nacional tienen que funcionar en armonía. Tiene que darse una línea de trabajo común, para que las contradicciones no entorpezcan trabajos que son vitales para la sociedad.
Es natural que surjan diferencias entre dos dependencias que tienen tantas obligaciones, cada cual en su entorno, como la fiscalía del Distrito Nacional y la Policía. Es parte del juego democrático e institucional.
Lo que no debe darse es que se dé una polémica pública en torno a la forma de trabajo de una u otra institución. Las desavenencias se deben enfocar en el trato personal, institucional y con la mayor disiciplina posible.
Es innecesario un enfrentamiento a través de las redes o la prensa entre la fiscalía, la Procuraduria General de la República y la Policía. Es más, una acción de este tipo es lesiva al avance de la lucha contra el crimen.
El ejemplo que se debe dar en la justicia es de qué hay unidad para hacer frente a los delitos. La policía tiene su rol en la persecución de los que violan la ley, y el ministerio público en presentar la acusación formal.
Hoy, la justicia dominicana con el paso de los años ha logrado buenos niveles de credibilidad en la opinión pública, y esa fuerza moral que consigue no se puede poner en peligro por mensajes que pueden ser inoportunos.
Tiene que darse un mayor diálogo entre las fiscalías y la Policía. Cada cual está cumpliendo su rol, debe haber respeto de jurisdicciones. Y cuando haya que hacer un señalamiento crítico tambien seguir los mecanismos apropiados.
Todavía en el sistema judicial dominicana hay problemas que se tienen que enfrentar, como es el caso de los cambios que son necesarios en el Código judicial.
No es el culpable de todos los problemas y males que tiene la aplicación de justicia, pero con su modernismo ha facilitado distorsiones que por diferentes razones no pueden ser solucionadas por jueces y fiscales.
Hoy debe ser prioritario que se hagan reformas al código con el que se implementa la justicia, y que fue traído a la carrera para sustituir al tradicional código napoleónico, donde la íntima convicción del juez era fundamental para aplicar justicia.
Toca a los legisladores y la Suprema Corte de Justicia hacer las enmiendas que son necesarias para modificar el código penal dominicano.
2013-05-02 20:51:58
