Por Manuel Hernández Villeta
Es inaceptable la creación de fuerzas de vigilancia y protección por residenciales, por barrios, por provincias o por fincas. La tarea de proteger a los ciudadanos está en manos de la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado.
Crear milicias privadas para que dar protección a una cuadra, a un residencial o a un grupo de familias en particular, es un mal precedente, que podría traer serios problemas en el futuro.
Si alguién necesita una protección especial, hay empresas que de acuerdo a las normas legales la brindan. Desde un guardián en la residencia, hasta guardaespaldas las 24 horas del día. Pero de ahí a la creación de policías privadas, hay un trecho largo.
En los países donde se han establecido esas policías privadas, para vigilar única y exclusivamente a los que les pagan, sus distorsiones han creado serios dolores de cabeza. Muchas de esas policías privadas, creadas para protección, luego han dado pasos en falso y han terminado siendo aliadas de los delincuentes.
Hay sectores de la Capital que han anunciado que prefieren contratar a su propia policía, que vigile y proteja su zona, desdeñando la labor de la Policía Nacional.
El jefe de la Policía se tiene que oponer a la creación de esas policías privadas, que van a demarcar terrenos, a poner vigilancia, a detener, a los ciudadanos que a su juicio no deben de estar en determinada area. Peligrosa situación.
De ponerse en vigencia esas policías privadas, en corto tiempo podría haber más dolores de cabeza con ellas, que los delitos que tratarían de prevenir. Por esta razón, creemos que el orden público le corresponde a la Policía Nacional.
Los delitos se multiplican por numerosas razones, y se tienen que elaborar planes cientificos de prevención, para poder detenerlos. Hay que ir al fondo de los problemas económicos y sociales, que en gran instancia, son los causales directos de la rapiña callejera.
La sociedad dominicana se debe cuidar de caer en pánico y tomar medidas desesperadas, dejando fuera a las instituciones que consagra la ley, para la prevención y persecución del delito. Solo la Policía Nacional, y los organismos oficiales del Estado, pueden vigilar, proteger y detener a los ciudadanos, lo demás, es abrir la jarra de Pandora con todos sus tormentos de cara al futuro.
2014-03-12 03:02:10
