Santo Domingo, RD, 23 de Septiembre.-Los abogados de los propietarios de los terrenos declarados de utilidad pública para la instalación de una central eléctrica a carbón, en la comunidad de Hatillo, Azua, denunciaron una serie de irregularidades en que a su juicio habría incurrido la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Rafael Helena Regalado, Adolfo Chávez y Elpidio Ramírez, dijeron que en el año 2006 el presidente Leonel Fernández, declaró de utilidad pública mediante decreto No.62-06, varias porciones de terreno dentro de la parcela 899 del Distrito Catastral No.8 de la sección Hatillo, en la provincia de Azua, expropiándose el Estado de esa tierra y responsabilizándose del pago de las indemnizaciones a sus respectivos dueños, a través de la CDEEE, lo cual, según su denuncia, nunca se hizo y tampoco se le permitió a los propietarios seguir usufructuando sus predios.
Explicaron que en el articulo 1 del decreto 62-06, el Estado reconoce la adquisición de la referida parcela, estableciendo en el articulo 7 que las indemnizaciones serian pagadas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, a través de un acuerdo amigable, previsto por medio de compra grado a grado en el articulo 2 del decreto, en tal virtud se ocuparon los terrenos desde esa fecha y durante años se realizaron diversos estudios, pero nunca se le pago el dinero a los propietarios y tampoco se les convocó para ofrecer explicaciones.
«No obstante a esto, es ahora en el 2013 que la actual administración estatal, decide darle cumplimiento a esa disposición del 2006, ante la crisis energética que agobia al país, estableciendo convenios con los dueños, que aun no se han cumplido, entrando en franca violación a los derechos de los propietarios, a quienes ya se les afectaron sus prerrogativas y vulneraron su derechos constitucionales, de disponer, vender, usar y usufructuar ese inmueble», dijeron.
Los doctores Helena y Ramírez, explicaron que las anteriores administraciones y la actual de la CDEE, han obstaculizado y violado los términos establecidos por el propio decreto No. 62-06, lo cual consideran una grave violación a las disposiciones presidenciales.
Pidieron al presidente Danilo Medina, al Procurador General de la Republica, a la Cámara de Cuentas, y a los organismos internacionales que financiarán el proyecto, que dispongan una investigación sobre este caso.
Los abogados acusaron a empresarios generadores de electricidad, entre los que mencionaron, a los Vicinni, de aliarse a las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, para impedir el desarrollo de ese proyecto en Hatillo, Azua, el cual afirman produciría energía más barata y reduciría el déficit eléctrico en la región sur y el país.
«La CDEEE está haciendo una licitación para la instalación de dos plantas a carbón, los Viccini y otras cinco compañías están participando en la indicada licitación, de repente los Viccini aparecen cediendo en concesión a 50 años, 475 mil metros, en la península de Catalina, Bani, para construir las dos plantas que se iban a construir en Hatillo, Azua.
No obstante dichos terrenos cedidos tener un nivel freático de 6 metros y el necesario puerto a construir en una longitud de 1,500 metros y elevando el metro de construcción de uno a cinco, siendo los Viccini licitadores del proyecto. Adivinen ¿Quien va a ganar la mencionada licitación?» evidentemente los dueños del país», enfatizaron los juristas.
Durante la rueda de prensa realizada en la sede de la Fundación Justicia y Transparencia, advirtieron que de no dársele cumplimiento al decreto 62-06, que ordena a la CDEEE pagar a los propietarios y de no ser atendidos sus reclamos, se verán obligados a reclamar sus derechos por la vía judicial, tanto en el país como en el extranjero.(HG).
2013-09-23 18:12:59
