Escuelas de la Judicatura y del Ministerio Público con el apoyo de la OIT se unen contra las Peores Formas de Trabajo Infantil
Santo Domingo.- Con la finalidad de fortalecer, de manera sostenible la aplicación de la ley contra el trabajo infantil y sus peores formas en la República Dominicana la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela Nacional del Ministerio Público, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), se unen para desarrollar un proceso de formación de formadores dirigido al cuerpo docente de ambos órganos de formación.
El acto de apertura de esta jornada fue realizado el 23 de junio 2008 y contó con la asistencia de la señora Kirsys Fernández de Valenzuela Presidenta del CONANI, el Sub-Secretario de Estado de Trabajo, Dr. Daniel Rondón y el Representante Residente del Sistema de Naciones Unidas, el señor Tad Palac, entre otras personalidades. De igual forma, estuvieron presentes los anfitriones, señores Luis Henry Molina Director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ramón Núñez Director de la Escuela Nacional del Ministerio Público y Elías Dinzey Coordinador Nacional de la OIT-IPEC en la República Dominicana.
Durante 5 días 40 magistrados/as docentes de todo el país participaron con la especialista internacional Karla Cuevas, la Magistrada Eugenia Salazar de Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica de Costa Rica, acompañados además por un equipo nacional de consultores locales, integrado por los Magistrados Rafael Frett Mejía (Juez), y Jonathan Baro (Fiscal).
El apoyo de la OIT resulta de la colaboración de la segunda fase del Programa de Duración Determinada para la Eliminación de las PFTI en la República Dominicana con los programas Subregionales Prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil en Honduras, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana y el Proyecto Subregional para la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana financiados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
La iniciativa que dejara capacidad instalada en ambas escuelas judiciales es una respuesta contundente a la preocupación del país ante el fenómeno del trabajo infantil. Frente al cual, aunque la aplicación de la ley no es resolutiva del problema, ciertamente representa un pilar fundamental en el marco de las estrategias de los países que se han comprometido con su prevención y erradicación.
Esta acción conjunta enmarcada en las agendas sectoriales definidas en los Planes nacionales contra el trabajo infantil y sus peores formas, representa una avance del país en el desafío de hacer cada vez mas efectiva y eficiente la aplicación por los actores judiciales de los mecanismos de la normativa nacional e internacional relativos a proteger a los niños niñas y adolescentes de la explotación económica; garantizando el cumplimiento con la edad mínima de admisión al empleo, la protección laboral de los/las adolescentes trabajadores/as; y eliminando todas las manifestaciones de explotación sexual comercial de NNA, la trata de NNA y el reclutamiento y utilización de niños para actividades ilícitas. Así fue asumido al ratificar los Convenios de la OIT nos. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y 182 sobre las peores formas del trabajo infantil de la OIT; la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo relativo a la venta de niños; la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo que la complementa sobre trata de personas.
2008-06-20 04:13:32
