Por Alfonso Benoit
El narcotráfico ha dejado de ser para el Partido Revolucionario Moderno un problema que pueda despacharse simplemente alegando responsabilidades individuales. En los últimos años, dirigentes, legisladores y funcionarios vinculados al partido han terminado condenados, extraditados o sometidos a procesos judiciales relacionados con narcotráfico y lavado de activos. No son rumores de oposición ni acusaciones nacidas en las redes sociales. Son expedientes, declaraciones de culpabilidad, sentencias y procesos abiertos dentro y fuera de República Dominicana.
Miguel Andrés Gutiérrez Díaz es posiblemente el caso que mejor retrata la dimensión del problema. Llegó a la Cámara de Diputados electo por Santiago en la boleta del PRM y en mayo de 2021 fue arrestado al llegar al aeropuerto de Miami. Terminó admitiendo culpabilidad por delitos vinculados al tráfico de cocaína y lavado de dinero y, en abril de 2024, la justicia estadounidense lo condenó a 16 años de prisión.
Pero su historia no debería analizarse solamente desde el expediente penal. También obliga a mirar la reacción política. Gutiérrez estaba preso en Estados Unidos mientras durante un largo período continuaba conservando formalmente su condición de legislador. El PRM no impulsó su sustitución inmediatamente después del arresto y el proceso para reemplazarlo llegó mucho después.
La Cámara de Diputados sí retuvo sus salarios, por lo que sería incorrecto decir que permaneció cobrando normalmente mientras estaba encarcelado. Pero la pregunta política sigue intacta: ¿por qué tuvo que transcurrir tanto tiempo antes de que desapareciera definitivamente de una curul obtenida bajo las siglas del partido oficialista?
El episodio resulta todavía más incómodo cuando se confronta con los propios estatutos del PRM. La organización contempla sanciones frente a militantes sometidos por crimen organizado y la expulsión ante determinadas condenas. Sin embargo, las declaraciones políticas sobre una suspensión no sustituyen una resolución partidaria debidamente identificada. Si existe el documento que establece cuándo fue suspendido Gutiérrez, qué organismo tomó la decisión y cuándo fue posteriormente expulsado tras su condena, debería ser publicado.
Y Gutiérrez está lejos de ser el único caso.
Yamil Abreu Navarro, antiguo dirigente político y exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas, en Azua, fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2020. El Departamento de Justicia estadounidense lo acusó de participar en una operación internacional vinculada al tráfico de decenas de kilogramos de heroína y señaló relaciones operativas con integrantes del cartel de Sinaloa. Es difícil reducir un expediente de semejante magnitud a una simple anécdota política.
Después aparece Edickson Herrera Silvestre, conocido como “Yeyea”, regidor del PRM en el Distrito Nacional. En su caso tampoco cabe esconderse detrás de la palabra “presunto”. Herrera terminó admitiendo responsabilidad y fue condenado en Estados Unidos a 87 meses de prisión por narcotráfico. El expediente estuvo relacionado con cientos de kilogramos de cocaína.
También está Rosa Amalia Pilarte, quien llegó al Congreso como diputada del PRM por La Vega. La justicia dominicana la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La sentencia fue posteriormente confirmada y ejecutada.
Cuando los casos llegan a este punto ya no se está discutiendo una percepción. Hay personas que alcanzaron posiciones políticas relevantes bajo las siglas del PRM y posteriormente fueron condenadas por delitos directamente relacionados con narcotráfico o con el lavado del dinero producido por esa actividad.
Operación Falcón añadió una dimensión todavía más delicada: el financiamiento de la política.
El Ministerio Público sostuvo en su expediente que Erick Randhiel Mosquea Polanco habría financiado completamente la campaña de 2020 del diputado perremeísta Nelson Marmolejos Gil. Marmolejos no ha sido condenado por ese señalamiento y debe conservarse esa precisión. Pero tampoco puede borrarse del debate que semejante afirmación existe dentro de un expediente judicial presentado por el órgano persecutor dominicano.
Mosquea Polanco fue posteriormente capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con una estructura internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Continúa siendo acusado y conserva la presunción de inocencia mientras no exista sentencia.
Ese expediente también alcanzó a Juan Maldonado Castro, dirigente que pasó al PRM y posteriormente fue designado director de Comunidad Digna. El Ministerio Público lo vinculó a Operación Falcón y lo acusó de participar en operaciones de lavado relacionadas con la estructura investigada. Maldonado no debe ser presentado como condenado mientras su proceso no concluya, pero su presencia en el expediente vuelve a colocar sobre la mesa el mismo problema.
¿Cuántas veces puede un partido responder que se trata exclusivamente de casos individuales antes de revisar seriamente quién entra, ¿quién recibe una candidatura y de dónde sale el dinero que financia determinadas campañas?
Ningún partido puede garantizar que todos sus integrantes serán personas intachables. Sería absurdo exigirlo. Lo que sí se puede exigir es que una organización que gobierna el país explique cuáles filtros utiliza cuando entrega una candidatura, cómo verifica patrimonios y financiamientos y qué hace cuando uno de sus representantes termina sentado ante un tribunal por narcotráfico.
El PRM ha proclamado públicamente una posición firme contra el narcotráfico. Muy bien. Entonces que esa firmeza pueda medirse también en documentos, decisiones disciplinarias y controles internos, no solamente en comunicados difundidos después de cada escándalo.
Miguel Gutiérrez fue condenado en Estados Unidos. Edickson Herrera fue condenado en Estados Unidos. Rosa Amalia Pilarte fue condenada en República Dominicana. Yamil Abreu fue extraditado. Operación Falcón colocó en expedientes judiciales señalamientos sobre dinero del narcotráfico y financiamiento político.
No todos tienen la misma condición jurídica y este artículo no pretende otorgársela. El condenado es condenado; el acusado continúa siendo acusado y el señalado mantiene todos sus derechos mientras no exista sentencia. Esa diferencia es indispensable para hablar con responsabilidad.
Pero la responsabilidad jurídica individual tampoco puede utilizarse como cortina para evitar la responsabilidad política.
Porque detrás de cada candidatura hubo una organización que la aprobó.
Detrás de cada boleta hubo un partido que permitió colocar ese nombre.
Y detrás de cada posición obtenida hubo unas siglas que sirvieron para conquistar poder.
Después de tantas condenas, extradiciones y expedientes, el problema ya no consiste solamente en preguntarse quién cayó.
La pregunta más incómoda para el PRM es otra: ¿cómo llegaron tantos hasta ahí?
Alfonso Benoit
Periodista y analista político
alfonsobenoit.com
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