Santo Domingo.– Representantes del Comité Institucional Codiano (CIC) y las autoridades del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) sostuvieron una reunión para abordar la situación actual de la ejecución de la Ley 16-26 y buscar soluciones institucionales a las diferencias surgidas durante las últimas semanas.
Como resultado del encuentro, las partes acordaron formalizar un acuerdo mediante el cual el presidente del CODIA se compromete a someter al conocimiento y decisión de la Junta Directiva Nacional la designación de los representantes del Colegio que ejercerán las funciones de veeduría contempladas en la Ley 16-26.
De esta manera, corresponderá a la Junta Directiva Nacional ratificar, modificar o sustituir la designación de los veedores mediante la correspondiente decisión institucional.
Asimismo, se acordó que, una vez adoptada esa decisión, el CODIA la comunicará formalmente a la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26 y solicitará que se establezcan las condiciones necesarias para garantizar un ejercicio efectivo, continuo y verificable de la veeduría.
El CODIA también remitirá una comunicación a la Comisión Ejecutora solicitando que los veedores debidamente acreditados tengan acceso a las informaciones necesarias para ejercer las funciones de seguimiento y monitoreo previstas por la ley.
Entre esas informaciones se incluyen datos generales sobre el avance de los expedientes, estadísticas, cronogramas e informes no reservados, además de la posibilidad de que los representantes del gremio formulen observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de sus atribuciones.
Por el CODIA participaron en la reunión su presidente, George Richardson y los directivos César Ramírez, Rafael Ferreras, Irene López y Ramón Martínez, mientras que en representación del CIC participaron Emiliano Familia, Miguel Liberato y Samuel Peña.
El CIC valoró el encuentro como un paso encaminado a concentrar los esfuerzos en el objetivo fundamental de que los mecanismos establecidos por la Ley 16-26 funcionen plenamente y que el proceso de validación de los expedientes avance de manera transparente hasta hacer posible el pago de las deudas reconocidas a los contratistas.
Miguel Liberato adocoe@gmail.com
