Por: Luis Fernández
El libre acceso a la información pública es un tema central para la transparencia, la democracia, la rendición de cuentas y constituye un derecho fundamental para las personas buscar, recibir y difundir información que está en poder de los organismos políticos, lo que tiene una estrecha relación con la libertad de expresión y con una participación ciudadana bien informada.
La democracia como hemos planteado en otras ocasiones, no se fortalece solo con elecciones periódicas, es necesario una ciudadanía capaz de conocer, fiscalizar y cuestionar las decisiones del poder público, como se administran los recursos del Estado, cuáles son las prioridades de los gobiernos y que decisiones adoptan en nombre de la sociedad y exigir responsabilidades.
Reconociendo la importancia del acceso a la información pública, la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas del 2019, proclamó el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información (DIAUI), esta jornada había sido proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 2015, tras la adopción de la Resolución 38 C/57.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promoverá, durante septiembre, una serie de actividades orientadas a reflexionar sobre el estado del derecho de acceso a la información pública en América Latina y el Caribe, así como sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta este derecho de cara al futuro de la región.
La UNESCO proporciona una plataforma y un marco que permiten que las partes interesadas participen en discusiones internacionales sobre políticas de acceso a la información en la era digital, empoderando a individuos, facilitando la toma de decisiones informadas, fomentando la innovación y promoviendo la inclusividad y el progreso social, para los órganos garantes del acceso a la información.
Este día internacional del acceso universal a la información es propicio para reflexionar sobre el estado de este derecho ciudadano en América Latina y el Caribe, en la región muchos países han aprobado leyes específicas sobre el tema, entre ellos México, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Argentina y la República Dominicana.
A pesar de todas estas leyes el acceso a la información en América Latina enfrenta importantes limitaciones, retrocesos legislativos e institucionales, además de brechas digitales estructurales que limitan su ejercicio efectivo, estas barreras amenazan con transformar un derecho fundamental en una simple declaración de intenciones, lo que debilita el control ciudadano sobre las instituciones públicas.
La región experimenta en 2026 su mayor retroceso en el acceso a la información pública. Diversos informes de organismos internacionales y organizaciones civiles como Transparencia Internacional y Reporteros Sin Fronteras, confirman que los gobiernos han sofisticado sus métodos para restringir los datos públicos, debilitar el control ciudadano y limitar la labor del periodismo de investigación.
Reporteros Sin Fronteras alertó en su índice de 2026 que las autoridades americanas recurren cada vez más a «restricciones administrativas y legales» para ahogar el flujo de datos informativos. El acceso a ministerios, conferencias de prensa y bases de datos sobre violencia o presupuestos se condiciona políticamente, obstaculizando la fiscalización de los recursos estatales.
La complejidad del tema se agrava con la proliferación de campañas de desinformación potenciadas por inteligencia artificial y la fragmentación de los medios informativos oficiales en redes sociales, han diluido los canales institucionales de rendición de cuentas. A la par del desorden informativo, los ciudadanos enfrentan plataformas gubernamentales de transparencia cada vez más descuidadas.
América Latina y el Caribe que es una región con altas tasas de informalidad, ruralidad y pobreza, necesita que no solo se reconozca jurídicamente un derecho, sino que se garantice que la ciudadanía pueda ejercerlo efectivamente, lo que fortalece la democracia y produce ciudadanos capaces de conocer, fiscalizar y cuestionar las decisiones del poder público.
Hay que evitar que el acceso a la información pública se vuelva un privilegio urbano y de clase ó una nueva forma de exclusión y desigualdad, es necesario fortalecer la participación ciudadana y la transparencia como instrumentos centrales del Estado de derecho, el tener una ley no garantiza el acceso real, es necesario crear espacios donde las decisiones públicas no queden alejadas del escrutinio ciudadano.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
28/9/26
Santo Domingo R.D.
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