La Habana, 24 sep (Prensa Latina) A más de tres décadas de su aprobación, la Ley Torricelli —que internacionalizó el bloqueo estadounidense contra Cuba al prohibir el comercio con subsidiarias de esa nación en terceros países— proyecta hoy su sombra extraterritorial con renovado vigor.
Lejos de ser una reliquia, el espíritu de asfixia de esta normativa mantiene plena vigencia en el escenario cubano actual, marcado por persecución financiera y nuevas medidas coercitivas de Washington que afectan directamente la vida cotidiana y el bienestar de la población.
Aprobada el 24 de septiembre de 1992 y promulgada por el entonces presidente George Bush (padre) el 23 de octubre de ese año, la mal llamada Ley de Democracia Cubana fue concebida para agravar la vulnerabilidad económica de la isla tras el colapso de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista europeo.
El proyecto, presentado en el 102 Congreso por el legislador Robert Torricelli, buscaba aislar totalmente a Cuba del entorno internacional y provocar el colapso de su economía. Bajo una retórica que invocaba conceptos como democracia y derechos humanos, la norma incluso dejaba entrever la posibilidad de una intervención militar.
Como principales disposiciones figuraban la prohibición de financiamiento de operaciones por empresas estadounidenses, el veto al uso del dólar por parte de Cuba y la restricción del comercio de materiales considerados estratégicos o de mercancías con más de un 20 por ciento de componentes norteamericanos.
Ese espíritu de amenaza y estrangulamiento se refleja en la postura del presidente Donald Trump, quien la víspera, durante el Segmento de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, ignoró el daño del bloqueo al pueblo cubano y profirió calumnias que motivaron el retiro de la delegación antillana.
En reiteradas ocasiones, Trump amenazó con el uso de la fuerza militar contra la isla, llegando a decir: « No creo que se pueda ejercer mucha más presión, salvo entrar y destrozar el lugar».
La vigencia de la Ley Torricelli adquiere un nuevo matiz con la Orden Ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026, que impide la llegada de combustibles mediante sanciones, intimidación y acoso a terceros países y compañías petroleras, a ello se suma la persecución a navieras que transportan suministros esenciales.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, los daños acumulados por el bloqueo ascienden a 178 mil 500 millones de dólares a precios corrientes; sin esa política, el Producto Interno Bruto del país habría sido un 10,8 por ciento superior al valor estimado.
Tras más de seis décadas de aplicación del bloqueo y del entramado de leyes que lo sustentan, su propósito sigue siendo el mismo: destruir la Revolución. No obstante, Cuba ratifica su voluntad de defender su proyecto social y avanzar en la construcción del socialismo.
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