Resumen: El Estado anuncia incautaciones, decomisos y subastas por
cientos de millones de pesos. La ley establece qué debe hacerse con
esos recursos, pero para el ciudadano sigue siendo difícil seguir el
dinero desde que es ocupado hasta conocer su destino final.
Por Alfonso Benoit
Cada vez que el Ministerio Público realiza una gran operación
conocemos los bienes ocupados: dinero en efectivo, apartamentos,
vehículos, terrenos, empresas, joyas y propiedades valoradas en
millones de pesos.
La noticia ocupa titulares durante varios días.
Después, casi siempre, dejamos de saber qué ocurrió.
Y ahí comienza una pregunta que el Estado dominicano debería poder
responder sin rodeos:
¿Dónde termina realmente el dinero de los bienes incautados y decomisados?
No estoy diciendo que ese dinero haya desaparecido ni afirmando que
alguien se lo haya apropiado. El problema es otro: la trazabilidad
pública disponible no permite que un ciudadano común pueda seguir
fácilmente cada peso desde su origen hasta su utilización final.
La Ley 60-23 establece una ruta. Los bienes son administrados por el
Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados,
Decomisados y en Extinción de Dominio, mejor conocido como INCABIDE.
Una vez satisfechas las obligaciones previstas legalmente, el saldo
positivo del Fondo Especial de Bienes Decomisados y Extinguidos debe
depositarse íntegramente en la Cuenta Única del Tesoro.
Hasta ahí podemos entender el procedimiento.
Pero decir que el dinero “entró al Estado” no debería ser el final de
la explicación.
La propia Tesorería explica que la Cuenta Única del Tesoro funciona
mediante subcuentas que permiten individualizar los recursos,
registrar débitos y créditos e identificar los movimientos
correspondientes a cada institución. Es decir, técnicamente existen
mecanismos para conocer y seguir esos fondos.
Entonces, ¿por qué esa misma trazabilidad no puede ser observada
claramente por cualquier ciudadano?
La pregunta adquiere todavía mayor importancia cuando hablamos de
cantidades significativas.
En 2025, la memoria institucional de INCABIDE reportó una
transferencia de RD$655,494,319.75 realizada por la Procuraduría
General de la República al Fondo Especial de Bienes Decomisados y
Extinguidos.
En mayo de 2026, INCABIDE realizó su primera gran subasta pública y
anunció una recaudación de RD$562,835,000 por la venta de 100 bienes,
incluyendo 52 inmuebles y 48 bienes muebles.
Estamos hablando de cientos de millones de pesos.
¿En qué cuenta específica fueron depositados esos recursos? ¿Cuándo
fueron transferidos? ¿Cuánto permanece en el FEBIDE? ¿Cuánto llegó a
la Cuenta Única del Tesoro? ¿Qué instituciones recibieron
posteriormente ese dinero? ¿Para cuáles programas? ¿Cuánto se gastó y
cuál fue el resultado?
Estas preguntas no deberían requerir una investigación periodística
para ser respondidas.
La propia Ley 60-23 ordena al Gobierno central, por medio del
Ministerio de Hacienda, informar al público cada seis meses sobre el
uso detallado de los fondos recibidos, incluyendo su destino
específico. También exige a INCABIDE informar semestralmente cómo
administró el FEBIDE y realizar auditorías anuales sobre sus fondos y
bienes.
Y aquí aparece un dato que merece explicación.
Al revisar el portal oficial de transparencia de INCABIDE, la sección
correspondiente a 2025 señala que durante los doce meses del año no
hubo informes de auditoría publicados. Para enero, febrero, marzo y
abril de 2026, la propia sección institucional vuelve a indicar que no
hubo informes de auditoría.
Eso no demuestra que exista un manejo irregular de los recursos.
Pero cuando una ley exige auditorías y rendición de cuentas, y
hablamos de bienes y dinero que pueden representar miles de millones
de pesos, la ausencia de una trazabilidad sencilla, consolidada y
fácilmente verificable genera preguntas legítimas.
La transparencia no consiste solamente en publicar decenas de
documentos financieros dentro de un portal.
Transparencia significa que cualquier dominicano pueda entrar y
encontrar algo tan sencillo como esto:
Este dinero fue incautado.
Este dinero fue decomisado.
INCABIDE recibió esta cantidad.
Fue depositada en esta cuenta o subcuenta.
Esta cantidad pasó al Tesoro.
Estas instituciones recibieron estos recursos.
Y este fue el uso final de cada peso.
Eso es rendición de cuentas.
No basta con decir que el dinero “pasó al Estado”.
El dinero recuperado del crimen y de la corrupción pertenece al pueblo
dominicano, y el pueblo tiene derecho a seguir su recorrido hasta el
último peso.
Alfonso Benoit
Analista político | Periodista
Director de EN TENDENCIA RD y Oposición Política RD
alfonsobenoit.com
alfonsobenoit@gmail.com
