Ciudad de Panamá, 11 sep (Prensa Latina) La Alianza Ciudadana Pro Justicia-Red de Derechos Humanos de Panamá expresó hoy profunda preocupación por las denuncias sobre una estructura clandestina del Gobierno para espionaje, seguimiento e infiltración policial contra organizaciones sociales y sindicales.
En un comunicado, la agrupación consideró que prácticas como el seguimiento físico, la interceptación no autorizada de comunicaciones, el monitoreo digital y la infiltración de agentes encubiertos son incompatibles con una sociedad democrática y generan temor, autocensura y restricciones al ejercicio de las libertades fundamentales.
Asimismo, recordó que la libertad de pensamiento, asociación y expresión están protegidas por la Constitución panameña y los tratados internacionales suscritos por el país, al tiempo que advirtió que la intimidad de activistas, sus hogares y familias es inviolable.
Ese colectivo exigió a la Procuraduría investigar con celeridad, independencia e imparcialidad la denuncia penal presentada, mientras pidió a la Defensoría del Pueblo abrir una queja de oficio.
También reclamó a la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad rendir cuentas públicamente y precisar si las personas señaladas en las denuncias forman parte de esas instituciones.
La declaración se produce luego de que el pasado 8 de septiembre la alianza Pueblo Unido por la Vida denunciara ante la Procuraduría General de la Nación la presunta existencia de una estructura de vigilancia e infiltración contra organizaciones sociales y sindicales.
El dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), José Viquez, afirmó entonces que las evidencias recopiladas apuntan a una red con despliegue territorial, infiltración, análisis de datos y monitoreo digital.
Según los denunciantes, la estructura habría comenzado a operar en agosto de 2025 y estaría integrada por al menos 40 agentes vinculados con la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP).
b Entre las conductas atribuidas figuran seguimiento físico, infiltración en marchas y reuniones, monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones.
Por su parte, el presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Guzmán, aseguró que el supuesto seguimiento también alcanzaría a familiares de dirigentes sociales y vinculó las denuncias con lo que calificó como planes estadounidenses de dominación regional mediante la política denominada Escudo de las Américas.
Los denunciantes entregaron además una carta a organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y solicitaron medidas de protección para las presuntas víctimas, incluidos periodistas que investigan el caso.
Corresponderá ahora a las autoridades competentes establecer la veracidad de los señalamientos, determinar eventuales responsabilidades y precisar si las operaciones denunciadas contaron con autorización legal.
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