Las direcciones Provincial y Municipal de la Fuerza del Pueblo denunciaron que, después de seis años de Gobierno, el deterioro de las distribuidoras se traduce en más apagones, facturas cuestionadas por los usuarios y una creciente carga para las finanzas públicas. La organización advirtió que la población está pagando cada vez más por un servicio que no mejora.
Santiago de los Caballeros.– Las direcciones Provincial de Santiago y Municipal de Santiago de los Caballeros de la Fuerza del Pueblo (FP) acusaron al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno de haber profundizado la crisis del sector eléctrico, al sostener que los apagones, el incremento de las facturas y el deterioro financiero de las empresas distribuidoras constituyen el resultado de seis años de improvisación y deficiente administración.
La posición fue presentada durante una rueda de prensa encabezada por el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez, y el presidente municipal de Santiago de los Caballeros, ingeniero Hamlet Otáñez, en la que intervino además el ingeniero Félix Tavárez, vicesecretario de Energía de la organización, miembro de la Dirección Central y de la Dirección Municipal de Santiago y exadministrador general de EDENORTE.
Martínez afirmó que el drama eléctrico no puede reducirse a estadísticas y balances financieros, porque sus consecuencias están siendo soportadas diariamente por las familias, los pequeños negocios, comerciantes y empresas de Santiago.
El presidente provincial llamó la atención particularmente sobre las quejas de usuarios que denuncian facturaciones y refacturaciones por montos que aseguran no corresponden con sus niveles habituales de consumo, así como nuevos balances cuya procedencia, según los afectados, no ha sido explicada satisfactoriamente.
La organización opositora sostuvo que resulta especialmente grave que esos reclamos se produzcan al mismo tiempo que numerosos sectores continúan denunciando interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.
Para la Fuerza del Pueblo, el resultado es una combinación difícil de justificar: el ciudadano recibe menos electricidad, enfrenta más apagones y, al mismo tiempo, debe defenderse de facturas que en numerosos casos considera excesivas.
Tavárez: seis años eliminan cualquier excusa
Al desarrollar el componente técnico de la denuncia, el ingeniero Félix Tavárez sostuvo que el Gobierno ya no puede atribuir la situación actual a problemas heredados, debido a que seis años representan tiempo suficiente para diseñar políticas, realizar inversiones, modernizar las redes, reducir pérdidas y profesionalizar la administración de las empresas distribuidoras.
Tavárez señaló que los propios indicadores del sector muestran una tendencia contraria a la eficiencia prometida por el Gobierno.
Según los datos presentados por la Fuerza del Pueblo, las pérdidas de las tres empresas distribuidoras rondaban el 40 % a mayo de 2026, lo que significa que una proporción considerable de la energía adquirida no logra convertirse en ingresos efectivos para las empresas.
El dirigente opositor advirtió que esa ineficiencia no desaparece contablemente, sino que termina siendo cubierta con recursos públicos y, por tanto, pagada directa o indirectamente por todos los dominicanos.
Déficit casi se triplicó
Tavárez destacó además que, conforme a las cifras presentadas por la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo, el déficit de las empresas distribuidoras pasó de aproximadamente US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025, prácticamente tres veces el monto registrado cuando comenzó la actual administración.
La Fuerza del Pueblo estima que desde 2020 hasta mayo de 2026 el Estado destinó alrededor de US$8,450 millones, equivalentes a cerca de RD$500,000 millones, para cubrir el déficit de las EDE.
Para la organización opositora, semejante cantidad obliga al Gobierno a explicar qué resultados concretos ha obtenido el país a cambio de esos recursos, especialmente cuando persisten los apagones, las pérdidas y las reclamaciones por facturación.
Subsidio eléctrico se desborda
La Fuerza del Pueblo llamó igualmente la atención sobre el acelerado consumo de los recursos destinados al subsidio eléctrico.
Durante los primeros seis meses de 2026, las distribuidoras habían requerido RD$68,744 millones, equivalentes al 74.3 % de los RD$92,475.8 millones presupuestados para todo el año.
De mantenerse ese ritmo, el costo anual podría superar los RD$137,000 millones, agravando todavía más la presión que ejerce el sector eléctrico sobre las finanzas públicas. Esos datos están contenidos en informaciones basadas en la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto.
Tavárez cuestionó que, frente a semejante deterioro financiero, la salida vuelva a consistir en trasladar mayores costos al consumidor, sin resolver previamente las pérdidas, la eficiencia administrativa y la calidad del servicio.
La organización planteó que antes de cualquier medida que implique nuevos sacrificios económicos para la población, el Gobierno debe explicar por qué aumentaron las pérdidas, por qué prácticamente se triplicó el déficit y qué destino y resultados han tenido los miles de millones de pesos canalizados hacia las distribuidoras.
“El problema ya pertenece a este Gobierno”
Las direcciones Provincial y Municipal de la Fuerza del Pueblo sostuvieron que, después de seis años de administración del PRM, resulta políticamente insostenible continuar recurriendo al argumento de la herencia recibida.
Indicaron que la situación actual corresponde a decisiones, inversiones, nombramientos, prioridades y políticas ejecutadas durante la presente gestión gubernamental y que, por tanto, corresponde al Gobierno asumir plenamente sus resultados.
La dirigencia de la Fuerza del Pueblo en Santiago reclamó una revisión profunda de la administración de las empresas distribuidoras, mayor transparencia sobre las inversiones realizadas, fortalecimiento de las redes, mecanismos efectivos de protección al consumidor y metas verificables para reducir las pérdidas.
Asimismo, exigió que las reclamaciones por facturación sean investigadas con criterios técnicos y transparencia, de manera que ningún ciudadano tenga que pagar consumos que no puedan ser demostrados mediante mediciones confiables.
Para la organización opositora, la crisis eléctrica constituye hoy uno de los ejemplos más claros de la distancia existente entre el discurso de eficiencia del Gobierno y los resultados que siente la población: más recursos públicos comprometidos, más pérdidas, más reclamaciones y un servicio que continúa provocando inconformidad en hogares y sectores productivos.
El Municipal
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