Por Teófilo Lappot Robles
La salida de las derrotadas tropas anexionistas del país comenzó a prepararse con una ley del 7 de enero de 1865 hecha por el Congreso de Madrid, cuyos dos únicos artículos decían lo siguiente: “1-Queda derogado el Real Decreto del 19 de marzo de 1861 por el cual se declaró incorporado a la Monarquía el territorio de la República Dominicana.2-Se autoriza al Gobierno para dictar las medidas necesarias a mejor ejecución de esta ley, dando en su tiempo cuenta a las Cortes”.
Dicha decisión fue acatada el 1 de mayo del referido 1865, mediante un “decreto de abandono” firmado por la reina Isabel Segunda y por el por sexta vez presidente del Consejo de Ministros, el vivaz granadino Ramón María Narváez, a quien apodaban El Espadón de Loja. Eso abrió el camino para que aquí se firmara el llamado Pacto de El Carmelo.
Dicho pacto se firmó el 6 de junio de 1865. Contenía un párrafo introductorio y 8 artículos. Paradójicamente fue hecho para beneficio de los derrotados y en perjuicio de la soberanía dominicana. Contenía cosas tan absurdas como las siguientes: a) Que la anexión fue un acto espontáneo del pueblo dominicano; b) Que el cese de los enfrentamientos era “un acto de magnanimidad de la Reina de España; c) Que República Dominicana se obligaba a indemnizar al reino de España por los gastos incurridos durante la guerra, y así otras barbaridades de naturaleza imperial.
En el susodicho documento eran visibles las ideas del ladino Narváez y las del congresista Antonio Cánovas del Castillo. El último, en un discurso que aparentaba pragmático, comenzó reconociendo que: “La reanexión a España de la parte oriental de la antigua isla Española fue un error muy craso y muy grave…”; pero en esa misma pieza oratoria (cuando ya la derrota de ese país europeo era un hecho consumado) enfatizaba que las tropas españolas tenían primero que triunfar contra los dominicanos y después retirarse como un acto de magnanimidad.
Textualmente señaló que su posición era: “Para que no se declare a la faz del mundo que España puede ser vencida en las Antillas, para que no quede consignado en el exterior que España no puede pelear en los trópicos”. (Reproducido en la obra titulada “Cómo acabó la dominación de España en América”. Editorial Forgotten Books. Enrique José Piñeyro Barry).
Mientras el fracaso de los anexionistas caía como una plomada en tierra cenagosa en los periódicos de España se decía todo lo contrario, “inventando a su antojo historias bien peregrinas…Estos ejemplos demuestran hasta qué punto es fácil inventar la novela histórica de la vida”, como escribió un oficial español que combatió a los restauradores y que luego fue autor de textos de historia. En uno de esos diarios se divulgó el siguiente bulo: “Puede asegurarse que hoy deben haberse entregado a las tropas de la reina los rebeldes de Santo Domingo, sin condiciones.” (Historia de la dominación y última guerra de España en Santo Domingo. Editora de Sto. Dgo. 1974.Pp 296 y 297. Ramón González Tablas).
El lugar escogido para el pacto sin efecto mencionado arriba fue la hacienda El Carmelo, ubicada en la zona de Güibia, entonces en las afueras de la ciudad de Santo Domingo.
La Gándara y los demás derrotados anexionistas esa vez olvidaron que en el Real Decreto del 3 de marzo de 1865 (que avalaba un anterior tratado domínico-español) se dispuso que: “…Su Majestad Católica reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República Dominicana con todos sus territorios.”
Tres días después de presentado el indecoroso Pacto de El Carmelo el gobierno dominicano, luego de examinarlo y comprobar que estaba minado de trampas y obligaciones inaceptables para el país, expuso cinco objeciones fundamentales al mismo. Eso desató la ira del general La Gándara, el último capitán general neocolonial anexionista, quien no habiendo logrado sus propósitos se sintió ofendido.
Cuando el 16 de junio de 1865 los negociadores dominicanos le hicieron saber al gerifalte español referido que habían recibido órdenes expresas de “la suspensión de las conferencias de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Superior y que se transportaran los comisionados a San Cristóbal hasta nueva orden”, La Gándara amenazó con actuar “del modo que convenga a mi propósito”. La realidad fue muy diferente, tal y como está registrado en la historia.
Dicho pacto era en sí lo que en Derecho Internacional Público se conoce con la condición de “ad referéndum”. Es decir, que era provisional y su aprobación final dependía del visto bueno del presidente de la República Dominicana. Esa realidad permitió al general Pedro Antonio Pimentel vestirse de gloria al rechazarlo por ser leonino a nuestra soberanía.
Pimentel formó una nueva comisión que presentó las bases justas de lo que sería un pacto entre la República Dominicana y España. Ante eso el zaragozano La Gándara reaccionó con su conocida mediocridad política, militar y diplomática, señalando que él impondría el ya inexistente Pacto del Carmelo. Dijo que: “por ser válido, legal y subsistente estaba decidido a sostenerlo sin alteración ni modificación alguna.”
Ese personaje era un amasijo de contradicciones. Era de su conocimiento que hacía más de un año que los anexionistas se habían rendido ante las victorias en progresión de los patriotas dominicanos, cuya beligerancia era reconocida por países como Inglaterra, Venezuela, Estados Unidos, Francia y otros. Luego de manera unilateral el alto mando militar español (del cual él era parte) rompió su compromiso de admitir pura y simplemente su derrota.
Lo anterior no es un decir. En el oficio número 19 del 8 de marzo de 1864 el cónsul inglés en el país, señor Martín T. Hood, le informó al jefe de la diplomacia británica Lord John Russel lo siguiente: “En mi despacho No.31 del 20 de septiembre del año pasado informé que el coronel Cappa y el brigadier Buceta, comandante de las fuerzas españolas en Santiago, habían capitulado ante los dominicanos, pero más adelante habían roto las estipulaciones del acuerdo…” (Reproducido en la obra “Correspondencia consular inglesa sobre la anexión de Santo Domingo a España.”. AGN. Editora Búho. P288. Roberto Marte).
Para La Gándara, Buceta, Nárvaez y otros jefes españoles a la hora de la verdad carecían de valor las palabras de la reina Isabel Segunda cuando firmó (3-3-1865) un documento oficial señalando que: “Habrá paz y amistad perpetua entre la República Dominicana y la nación española, así como entre los ciudadanos y súbditos de ambos Estados”.
Teofilo Lappot teofilolappot@gmail.com
