: Arquitecto . Emiliano Familia y el Ing. Miguel Liberato, directivos del CIC.Miguel Liberato
Santo Domingo, RD.– El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional aprobar una resolución mediante la cual exhorte al Poder Ejecutivo a incluir en el presupuesto complementario del presente ejercicio fiscal los recursos necesarios para iniciar este mismo año el pago de las acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a lo establecido en la Ley núm. 16-26.
La organización considera que esa decisión representaría el paso decisivo para transformar en hechos concretos una legislación aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo con el propósito de hacer justicia a cientos de profesionales que durante años han esperado el reconocimiento y pago de deudas legítimamente contraídas por el Estado.
La solicitud fue dirigida a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, para conocimiento de todos los legisladores, mediante una comunicación entregada ayer lunes por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato, coordinador general y vocero, respectivamente, del CIC.
El Comité recordó que apenas hace dos días fue anunciada oficialmente la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora, luego de un prolongado período de espera que mantuvo en incertidumbre a decenas de contratistas, entre ellos adultos mayores, personas con graves problemas de salud y familiares de profesionales fallecidos sin haber recibido el pago de sus acreencias.
A juicio del CIC, el momento es propicio para que el Congreso Nacional complete el esfuerzo institucional que dio origen a la Ley 16-26 y envíe una señal inequívoca de respaldo a su ejecución efectiva, promoviendo que los recursos sean incorporados en el presupuesto complementario y que los primeros pagos puedan materializarse durante el presente ejercicio fiscal.
La organización sostuvo que la aprobación de esa resolución fortalecería la confianza en las instituciones y demostraría la voluntad del Estado de cumplir una ley concebida para reparar una deuda histórica con quienes construyeron importantes obras públicas en el país.
Asimismo, propuso que la resolución sea remitida al presidente de la República, al ministro de Hacienda y Economía, en su condición de presidente de la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a la Contraloría General de la República y al CODIA.
Los contratistas de obras estatales también plantean que en esa misma resolución el Congreso reafirme su compromiso con la ejecución de la Ley 16-26, exhortando a la Comisión Ejecutora a agilizar el conocimiento de los expedientes.
El Comité Institucional Codiano reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en todo el proceso de implementación de la ley y expresó su confianza en que el país pueda comenzar a saldar este mismo año una deuda que durante décadas ha permanecido pendiente con los contratistas del Estado.
“La Ley 16-26 ya fue aprobada y promulgada. Ahora corresponde dar el paso definitivo: asignar los recursos necesarios para que los contratistas comiencen a recibir este mismo año los pagos que la ley autoriza”, concluyó el CIC.
Miguel Liberato
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