Quito, 18 jun (Prensa Latina) Representantes de la oposición en Ecuador criticaron el decreto mediante el cual el presidente Daniel Noboa ratificó la existencia hoy de un conflicto armado interno y autoriza el despliegue de tropas extranjeras.
La medida, anunciada por el Gobierno como un fortalecimiento de su estrategia de seguridad, provocó críticas de legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) que cuestionaron la efectividad del plan del Ejecutivo contra la criminalidad.
La Presidencia afirmó en un comunicado que el decreto reconoce que el país enfrenta “circunstancias fácticas complejas” que amenazan la soberanía, la seguridad integral del Estado, el orden público y la protección de la población.
El documento establece que Ecuador podrá recibir cooperación internacional para reforzar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.
El asambleísta Héctor Rodríguez señaló que el decreto representa una vulneración de la soberanía ecuatoriana al permitir la presencia de fuerzas extranjeras en el país.
«El gobierno se sostiene en un estado de guerra permanente y en una narrativa que busca ocultar los problemas económicos y sociales que enfrentan los ecuatorianos», manifestó.
En la misma línea, el también legislador de la RC Fernando Cedeño afirmó que la decisión ya estaba definida antes de los hechos violentos registrados esta semana en el aeropuerto internacional de Guayaquil, donde hubo una balacera para asesinar a un cabecilla criminal.
«El decreto 424 fue redactado y definido en Washington durante la reunión entre Daniel Noboa y Pete Hegseth. Lo ocurrido en el aeropuerto de Guayaquil es solo la justificación de una decisión que ya estaba tomada y que representa una grave afectación a la soberanía del Ecuador», sostuvo.
El asambleísta aseguró que la medida forma parte de una estrategia de influencia de Estados Unidos en la región y advirtió sobre las implicaciones que podría tener la presencia de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano.
Asimismo, el parlamentario Franklin Samaniego interpretó el decreto como un reconocimiento oficial del deterioro de la situación de seguridad en el país, donde la estrategia aplicada no logró contener el avance del crimen organizado.
«Después de prometer seguridad, control territorial y una supuesta guerra ganada contra las mafias, el propio ejecutivo admite que la violencia sigue escalando y que necesita apoyo internacional para enfrentarla», expresó.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el decreto permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado mediante cooperación internacional especializada y coordinación con países aliados para neutralizar las amenazas derivadas del conflicto armado interno.
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