spanish.news.cn| 2026-06-15 02:39:00|
LA PAZ, 14 jun (Xinhua) — Bolivia ingresó hoy domingo en la séptima semana de bloqueos de carreteras en medio de un escenario de creciente deterioro económico, escasez de productos básicos y fragmentación del diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, que mantienen la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
El conflicto, que mantenía bajo presión a las ciudades de El Alto y La Paz, ubicadas en el departamento de La Paz (oeste), se extendió a Cochabamba (centro), donde las filas para conseguir combustible, la inflación y las dificultades de abastecimiento se han convertido en parte de la vida cotidiana de miles de familias.
Según reportes de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, hasta este domingo persistían alrededor de 78 puntos de bloqueo en diferentes regiones del país, principalmente en Cochabamba.
La crisis comenzó el pasado 1 de mayo con demandas salariales y exigencias de solución a la crisis económica, pero con el paso de las semanas derivó en una confrontación política marcada por pedidos de dimisión del actual Gobierno.
Mientras algunos sectores han mostrado disposición a negociar, otros decidieron endurecer sus medidas de presión, lo que dificulta la posibilidad de una salida pactada al conflicto.
En ese contexto, el presidente Paz Pereira reiteró el sábado su llamado al diálogo y destacó el levantamiento de algunos bloqueos en distintas regiones del país.
«Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen. Quiero agradecer especialmente a Chuquisaca y Potosí por su disposición a cambiar la forma en que Bolivia hace las cosas», señaló el mandatario en redes sociales.
Las señales de distensión conviven con anuncios de nuevas medidas de presión, pues organizaciones campesinas de la provincia Los Andes, en el departamento de La Paz, resolvieron radicalizar las movilizaciones y amenazaron con el posible corte de servicios básicos hacia la sede de Gobierno.
Entre las resoluciones aprobadas figura el reforzamiento de los bloqueos, la toma de instituciones públicas y la coordinación de acciones para interrumpir el suministro de agua potable y energía eléctrica, como mecanismo de presión para exigir la salida del presidente.
Analistas económicos advirtieron que la interrupción prolongada de las rutas de transporte afecta la distribución de bienes, encarece los costos logísticos y genera incertidumbre en distintos sectores productivos.
Para el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, el conflicto refleja problemas estructurales acumulados durante años y una creciente dificultad para construir consensos políticos e institucionales.
«Es un serio problema de los efectos de la desinstitucionalización, no solo del Estado, sino de la institucionalidad democrática en el país», afirmó a medios locales.
El experto sostuvo que los efectos de la crisis ya repercuten sobre variables como el empleo, la inflación y las finanzas públicas, en un contexto marcado además por la escasez de divisas y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares.
Según Núñez, muchas de las demandas expresadas en las movilizaciones tienen relación directa con el empeoramiento de las condiciones económicas de la población y con una inflación que ha erosionado los ingresos familiares durante los últimos meses.
