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MÉXICO, 3 jun (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió hoy miércoles a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora (norte), y Américo Villarreal, de Tamaulipas (noreste), que aclaren si están siendo investigados en Estados Unidos. En la habitual conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana cuestionó los motivos por los que el diario estadounidense «Los Angeles Times» publicó que las visas de ambos funcionarios habrían sido retiradas por una supuesta investigación por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado. «Entiendo que ellos tienen que aclarar (…) ¿Pero qué intención (hay) con quitar la visa y además hacerlo público? (…) Tenemos todo el derecho al menos de la duda», dijo Sheinbaum, quien también instó a la calma y destacó que quienes actúan con convicción y en beneficio del pueblo mexicano no tienen nada que temer. «Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo, y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés?», subrayó Sheinbaum. De acuerdo con «Los Angeles Times», Durazo estaría siendo investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado, mientras que Villarreal se enfrentaría señalamientos relacionados con el contrabando de combustible, conocido en México como «huachicol». El Gobierno de Tamaulipas calificó como «de enorme gravedad» las afirmaciones publicadas por el diario estadounidense y el coordinador de Comunicación Social de ese estado, Gerardo Algarín, rechazó los señalamientos que tildó de «falsos». En tanto, Durazo no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones, aunque según «Los Angeles Times» continúa viajando de manera regular a Estados Unidos por motivos de salud, pese a la supuesta cancelación de la visa. Este caso se suma a una serie de señalamientos recientes contra funcionarios mexicanos como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.