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LA PAZ, 20 may (Xinhua) — El Gobierno de Bolivia denunció hoy miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que la escalada de bloqueos, protestas y hechos de violencia registrados en las últimas semanas representan una amenaza para el orden democrático, la estabilidad institucional y los derechos fundamentales de la población. Durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, advirtió que el país atraviesa un escenario de creciente conflictividad política y social marcado por medidas de presión que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. «El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar con profunda preocupación sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo», afirmó Aramayo en su intervención desde la sede de la Cancillería en La Paz. El jefe de la diplomacia boliviana pidió el respaldo del organismo y de sus Estados miembros para «reafirmar el compromiso hemisférico con la preservación del orden democrático y constitucional en Bolivia» y condenar «toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado». Bolivia enfrenta su tercera semana de una creciente ola de protestas protagonizadas por sectores campesinos, mineros, fabriles y docentes, así como la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente Evo Morales. Lo que comenzó como una serie de demandas sectoriales derivó progresivamente en movilizaciones políticas que ahora exigen la salida del mandatario boliviano. La tensión social aumentó tras los operativos policiales y militares ejecutados el pasado fin de semana en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, para desbloquear carreteras y accesos hacia la sede de Gobierno para la provisión de alimentos y combustibles. Según datos oficiales, lesas acciones dejaron más de un centenar de detenidos. Desde el pasado lunes, las protestas se trasladaron al centro político de La Paz, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además de saqueos y daños a la infraestructura pública y privada. En su intervención ante la OEA, Aramayo sostuvo que existen «preocupantes indicios» sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan al margen de la legalidad y que buscan instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles con el Estado de derecho. No obstante, el canciller comentó que el Gobierno reconoce y respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política. «Sin embargo, ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación,la coerción colectiva ni la vulneración deliberada de los derechos fundamentales de la población», subrayó. El jefe de la diplomacia boliviana afirmó además que el Ejecutivo «no acudirá jamás al camino de la confrontación como respuesta política» y aseguró que el Gobierno actuó durante la crisis con «prudencia, contención y apego al Estado de derecho», manteniendo abiertos los canales de diálogo. En ese contexto, Aramayo solicitó el «acompañamiento político» y el «seguimiento atento» del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para contribuir al fortalecimiento del diálogo democrático, la preservación institucional y la paz social en Bolivia. Según Aramayo, Bolivia acudió al foro regional con «responsabilidad y transparencia», al considerar que los acontecimientos de las últimas semanas constituyen una amenaza directa para la estabilidad institucional y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
