Brasilia, 9 may (Prensa Latina) El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, suspendió hoy la aplicación de la llamada Ley de Dosimetría hasta que la corte analice acciones que cuestionan la constitucionalidad de esa normativa.
Según informaron medios como G1 y Agencia Brasil, la decisión afecta los pedidos de reducción de penas relacionados con los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro atacaron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.
En la práctica, los condenados deberán esperar la definición del pleno del STF para acceder a los beneficios previstos en la legislación, promulgada ayer por el presidente del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre, tras la anulación parlamentaria del veto impuesto por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La Ley de Dosimetría, aprobada en 2025, permite reducir penas en casos de tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, al impedir la acumulación de sanciones cuando los delitos ocurran en un mismo contexto.
Esta polémica normativa podría beneficiar a Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión, y a otros condenados por la trama golpista.
De Moraes fundamentó la suspensión en la existencia de dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad presentadas ante el STF por la Asociación Brasileña de Prensa y la federación partidaria PSOL-Rede.
Además, afirmó que la presentación de esas acciones constituye un “hecho procesal nuevo y relevante” que puede influir en el análisis de las solicitudes de revisión de penas, razón por la cual consideró necesario suspender provisionalmente la aplicación de la ley “por seguridad jurídica”.
El magistrado ya aplicó ese criterio en al menos 10 casos de condenados que apelaron ante el STF para solicitar la revisión de su sentencia sobre la base de la Ley de Dosimetría, precisó G1.
Las organizaciones demandantes sostienen que la legislación banaliza ataques contra la democracia y debilita la protección penal del Estado democrático de derecho.
Entre los puntos cuestionados figuran la posibilidad de no acumular penas para delitos cometidos en el mismo contexto, la reducción de condenas por hechos ocurridos en situaciones de multitud y cambios en las reglas de progresión del régimen penitenciario.
De Moraes solicitó además información sobre la ley a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional, que tendrán cinco días para responder; y, posteriormente, la Procuraduría General de la República y la Abogacía General de la Unión dispondrán de tres días para emitir sus pareceres.
lam/mar
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