Por Rommel Santos Diaz
El auge de la violencia criminal, el tráfico de armas, drogas y personas forzadas a la esclavitud laboral y sexual en el concierto de países de América Latina y el Caribe configuran un problema regional de enormes repercusiones negativas en la vida de los ciudadanos latinoamericanos.
La proliferación de grupos dedicados al crimen transnacionalmente organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región, en una amenaza para la democracia y en el principal freno a su desarrollo económico.
Lamentablemente, los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica que supera las fronteras nacionales son los delincuentes.
Redes de protección internacionales que esconden en otros países a prófugos de la justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones criminales que operan globalmente, intercambio mundializado de información, drogas y armas, mafias interconectadas en la región y el mundo son solo algunas de las estrategias que reducen a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.
La violencia criminal y sus consecuencias sociales se han convertido hoy en parte central de la agenda política de nuestros países, y las desigualdades en términos de seguridad, es el principal factor de discriminación social en la región.
Frente a la proliferación de organizaciones criminales estructuradas regionalmente y con poderosas conexiones con sus similares de otros lugares del mundo como la mafia siciliana, las mafias rusa y china- los mecanismos nacionales de seguridad se demuestran más insuficientes y subordinados a poderes políticos impotentes, cuando no corruptos y cómplices.
Finalmente, en vez de constituir una ventaja en términos de eficiencia, la cercanía de los tribunales, fiscalías y fuerzas de seguridad nacionales respecto de los lugares en que se consuman los delitos los deja a merced de la corrupción y de las amenazas del crimen organizado y limita su esfera de actuación a la persecución de la criminalidad menor, sin posibilidad ninguna de impulsar la eliminación de las organizaciones criminales mediante el encarcelamiento de sus dirigentes y la confiscación de sus bienes.
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