San Juan, 6 feb (Prensa Latina) La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó hoy la aprobación de un reglamento para reforzar los controles de fondos públicos de Puerto Rico y cerrar los espacios para compras y contratos sin competencia abierta.
El organismo impuesto por Washington en 2016 para atender la bancarrota de esta isla del Caribe, en la que todavía está sumida, aprobó el nuevo Reglamento Uniforme para la Adquisición y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no Profesionales de la Administración de Servicios Generales (ASG), medida dirigida a reforzar los controles sobre el uso de fondos públicos.
La JSF estableció que, tras evaluar la medida conforme a la legislación Promesa, designó el reglamento propuesto como aprobado, según carta enviada la víspera a la administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera.
El documento, que deroga el Reglamento Número 9230 del 18 de noviembre de 2020, establece las normas y procedimientos que regirán la adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales, además de principios y estándares generales dirigidos a promover el uso eficiente y responsable de los fondos públicos.
Entre los cambios más relevantes, la JSF destacó que las entidades exentas estarán obligadas a someter sus reglamentos de compras a la ASG para revisión y aprobación, pues de no hacerlo serán invalidados y las compras realizadas bajo normas no aprobadas podrán ser declaradas nulas, además de exponerse a multas administrativas.
El nuevo marco regulatorio formaliza la Oficina de Investigaciones Especiales, que tendrá autoridad para monitorear, investigar e intervenir en agencias y entidades exentas con el fin de asegurar el cumplimiento.
Estas entidades deberán implementar planes de acción correctiva dentro de un plazo de 15 días tras ser notificadas, o enfrentar multas que fluctúan entre mil y cinco mil dólares.
El reglamento también impone la presentación de informes mensuales detallando las distintas compras y subastas, y establece auditorías trimestrales para verificar cumplimiento.
También se requerirá aprobación de la ASG para modificaciones que aumenten el valor contractual en 25 por ciento o más, siempre que no se altere el alcance original del proceso de adquisición.
La JSF advirtió que el reglamento no atiende todas las debilidades estructurales del sistema de contratación pública.
El organismo fiscal aclaró que su revisión se limitó a evaluar la consistencia del reglamento con el Plan Fiscal y que no constituye una revisión legal integral bajo otras leyes o reglamentos.
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