Henri Hebrard
Santo Domingo, RD. – El economista Henri Hebrard defendió de manera enfática la solidez y conveniencia del contrato suscrito entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo, al abordar el tema de los ingresos extraordinarios que percibe el país por el alza histórica de los precios internacionales del oro.
Durante una exposición en el programa Propuesta de la Noche, conducido por el periodista Manuel Jiménez y transmitido por Teleimpacto,
Hebrard calificó como “leyendas urbanas” las afirmaciones que sostienen que la República Dominicana estaría dejando de percibir miles de millones de pesos por no revisar el contrato minero, a propósito del llamado “boom” del metal precioso.
El economista contextualizó el debate recordando que la minería en el país arrastra un pesado historial ambiental y financiero desde décadas pasadas, lo que explica —dijo— la suspicacia que todavía genera en sectores de la opinión pública.
Sin embargo, subrayó que la reapertura de la mina de Pueblo Viejo en Cotuí, a partir de 2013, se produjo bajo un esquema contractual sustancialmente distinto, que ha sido objeto de dos enmiendas clave.
La primera modificación, explicó Hebrard, se realizó en 2009 durante la administración del
presidente Leonel Fernández, en medio de la crisis financiera mundial.
Su objetivo fue asegurar que la inversión se materializara, lo que permitió que una de las pocas
grandes inversiones ejecutadas en América Latina ese año fuera precisamente la construcción
de las actuales instalaciones de Pueblo Viejo.
La segunda enmienda, en 2013, bajo el gobierno de Danilo Medina, adelantó pagos fiscales y
fortaleció la participación del Estado en los beneficios.
Según detalló, el contrato parte del principio de que el Estado aporta el yacimiento, mientras
el socio privado asume la totalidad de la inversión —más de 4,000 millones de dólares—, el
riesgo operativo y la logística de exportación.
A cambio, la República Dominicana recibe, mediante diversas figuras fiscales, hasta un 50 % de
la renta minera generada, es decir, la diferencia entre los ingresos por venta y los costos de
producción.
Hebrard rechazó categóricamente la idea de que el país solo se beneficie hasta un precio
“tope” del oro fijado en el contrato original. “Eso es falso”, afirmó. Aclaró que, como ocurre en
todas las minas del mundo, el precio del oro se rige por el mercado internacional —con
referencia en Londres—, por lo que cada incremento en la cotización se traduce
automáticamente en mayores exportaciones y recaudaciones para el fisco dominicano.
Como evidencia, citó que en el último año las exportaciones de oro superaron los 2,000
millones de dólares, con un crecimiento cercano al 60 %, mientras que las recaudaciones
fiscales asociadas aumentaron en más de 150 %.
Estos ingresos provienen de cuatro mecanismos principales: una regalía del 3.2 % sobre el
valor exportado, el impuesto sobre la renta, una participación adicional sobre las utilidades
netas y un impuesto mínimo anualizado introducido en la renegociación de 2013.
Este último instrumento, explicó, funciona como una “póliza de seguro” para el Estado, ya que
garantiza que, aun en escenarios de costos elevados o ineficiencias operativas, el fisco reciba al
menos el 90 % de lo proyectado en función de los precios internacionales del oro.
Para Hebrard, más que reabrir el debate sobre el contrato, la discusión central debe enfocarse
en el uso de los recursos extraordinarios que hoy recibe el país.
“El oro no se reproduce”, advirtió, al comparar la minería con actividades agrícolas. En ese
sentido, respaldó la idea de establecer mecanismos legales que aseguren que estos ingresos se
destinen a programas estratégicos y de largo plazo, conscientes de que se trata de un recurso
finito.
El economista concluyó señalando que el contrato dominicano es citado como modelo por firmas internacionales y que, lejos de perjudicar al país, está permitiendo aprovechar de manera significativa uno de los ciclos más favorables del mercado del oro en décadas.
Manuel Jimenez
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