La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó su oposición a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua, al considerar que dicha decisión constituye un grave precedente para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Advierte el órgano especializado del PLD en materia medio ambiental, que esta sentencia vulnera de manera directa el orden constitucional vigente.
“La Constitución de la República establece con claridad que los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por Ley, con el voto favorable de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional”, se explica en comunicado.
Agrega que pretender alterar una unidad del SINAP por la vía judicial representa una violación al principio de legalidad ambiental y al mandato constitucional de protección del patrimonio natural de la nación.
“Resulta jurídicamente insostenible que se intente justificar la reducción de un parque nacional apelando a una ley ordinaria vinculada al desarrollo turístico, colocándola por encima de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y de la propia Constitución. Este criterio abre la puerta a una peligrosa regresión ambiental y a la judicialización de las áreas protegidas, generando incertidumbre jurídica y presión sobre ecosistemas de alto valor ecológico”, resalta el Partido de la Liberación Dominicana por intermedio de su Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Recuerda el PLD que durante los gobiernos dirigidos por el PLD se adoptaron decisiones firmes y responsables en favor de la conservación ambiental y el fortalecimiento del SINAP, entre ellas refirió el Decreto 571-09, mediante el cual se ampliaron, redefinieron y reafirmaron los límites de varias áreas protegidas, corrigiendo distorsiones históricas y fortaleciendo la seguridad jurídica de estos espacios, siempre en estricto apego a la Constitución y a la Ley.
“El desarrollo económico y turístico no puede ni debe construirse a costa de la destrucción del patrimonio natural. Cualquier revisión al régimen de áreas protegidas debe realizarse exclusivamente por la vía legislativa, con base científica, participación ciudadana y pleno respeto al marco constitucional”, señaló la Secretaría especializada del PLD.
Los ambientalistas y dirigentes del PLD apuntan que estará acompañando y apoyando todas las acciones jurídicas que se interpongan para preservar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
“Estamos poniendo disposición el cuerpo de abogados especializados en materia ambiental y constitucional, con el objetivo de contribuir, por las vías legales correspondientes, a que ninguna decisión judicial o administrativa debilite estructuralmente la protección de las áreas protegidas del país”, concluye el comunicado del PLD.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
05 DE FEBRERO, 2026.-
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