Washington, 26 ene (Prensa Latina) La violencia contra niños, adolescentes y jóvenes persiste en América Latina y el Caribe, y pone en riesgo sus vidas, salud y bienestar, alertaron hoy la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef.
En una nueva publicación conjunta, el organismo sanitario y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) revelan que la consecuencia más grave de esta situación es la muerte de miles de niños, adolescentes y jóvenes: entre 2015 y 2022, 53 mil 318 fueron víctimas de homicidio en la región.
Los datos más recientes disponibles, centrados en adolescentes de 15 a 17 años, muestran tendencias contrastantes por sexo.
Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios entre varones disminuyó de 17,63 a 10,68 muertes por cada 100 mil, aunque aún se mantiene en niveles altos.
En el mismo periodo, la tasa entre adolescentes mujeres se duplicó, al pasar de 2,13 a 5,1 muertes por cada 100 mil.
Los expertos detallan que esto ocurre en un contexto de incremento de la violencia armada en algunas zonas de la región, asociada al crimen organizado, el fácil acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y normas de género nocivas, que exponen de manera creciente a los adolescentes a situaciones de violencia letal.
Destacan que la violencia está presente desde edades muy tempranas: seis de 10 niños y adolescentes de hasta 14 años son objeto de algún tipo de disciplina violenta en el hogar, mientras uno de cada cuatro de 13 a 17 años experimenta acoso escolar.
Casi una de cada cinco mujeres en América Latina y el Caribe reporta haber sufrido violencia sexual antes de los 18 años.
Y, aunque los datos disponibles son limitados, el informe resalta el ascenso de la violencia en entornos digitales.
Para enfrentar esta situación, la OPS y Unicef instan a los gobiernos de la región a fortalecer y hacer cumplir las leyes de protección de la infancia, garantizar el control efectivo de las armas de fuego, y capacitar a policías, docentes y trabajadores sociales y de salud.
Añaden, además, apoyar a padres y cuidadores en una crianza basada en respeto, invertir en entornos de aprendizaje seguros y ampliar los servicios de respuesta para garantizar que todos los niños y adolescentes crezcan protegidos, accedan a la justicia y vivan vidas saludables, libres de violencia.
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