Bogotá, 16 ene (Prensa Latina) Hoy, cuando se cumple un año de la escalada de violencia desatada en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, suman más de 90 mil los desplazados por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados.
Las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 dejan también hasta la fecha un saldo de al menos 166 fallecidos y más de 60 lesionados, de acuerdo con cifras divulgadas por el Puesto de Mando Unificado en el territorio para monitorear la situación.
Pocas horas después del inicio de los combates, el presidente Gustavo Petro declaró suspendidas las negociaciones entre el Gobierno y la primera de esas estructuras.
“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, declaró el mandatario en su red social X.
Decenas de de pobladores del Catatumbo, ubicado en el departamento Norte de Santander, abandonaron sus hogares para alejarse del conflicto y se desplazaron hacia Cúcuta, donde fueron ubicados en hoteles o albergues temporales, otros optaron por cruzar la frontera e ir hasta Venezuela, en tanto otros cientos de familia quedaron confinados en medio del fuego cruzado.
El Ejército anunció entonces que ejecutarían una operación militar por fases para enfrentar la situación de inseguridad.
Las acciones se concentraron en tareas relacionadas con la extracción de exguerrilleros firmantes de paz, cuyas vidas estaban amenazadas, a las familias de estos, así como a los defensores de derechos humanos y a la ciudadanía en general.
Se fortaleció un corredor para la entrada de abastecimientos hasta el municipio de Tibú, uno de los más afectados por las confrontaciones y de manera paulatina comenzó el ingreso de tropas de unidades especiales para ocupar zonas críticas del terreno, áreas y puntos nodales.
Ante la gravedad de la situación, el 24 de enero de 2025, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Conmoción Interior, que fue acompañada por 24 decretos legislativos con facultades extraordinarias, orientadas a contener la crisis humanitaria y garantizar el orden público.
Si bien las condiciones parecieron dejar de ser tan críticas en los meses siguientes, volvieron a deteriorarse a finales del pasado año con la entronización de los combates entre los referidos grupos armados.
La situación de orden público es actualmente delicada en el Catatumbo.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde mediados de diciembre se reportan eventos de desplazamientos masivos y de confinamientos prolongados.
Ante el presente panorama, la entidad insistió en su llamado a los grupos en conflicto, en particular al Frente 33 y al ELN, cesar de inmediato las confrontaciones armadas, adoptar las medidas para proteger a la población civil, respetar el Derecho Internacional Humanitario y evitar afectaciones a las comunidades y civiles en la subregión Catatumbo.
Asimismo, solicitó permitir la activación de corredores humanitarios que redunden en acciones a favor de las personas afectadas por las hostilidades.
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