Buenos Aires, 28 dic (Prensa Latina) La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denuncia una vez más ante la comunidad internacional la detención arbitraria del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, en prisión hoy pese a cumplir íntegramente sus condenas.
También fustiga al gobierno ecuatoriano por su negación deliberada del derecho a recurrir el fallo mediante la no notificación de la sentencia escrita en el caso “Reconstrucción de Manabí”, sostiene la AAJ en su más reciente declaración a la que tuvo acceso este domingo Prensa Latina.
La entidad, que opera como una Organización No Gubernamental adjunta a la ONU y tiene una sede argentina, también recalca que Glas ya cumplió el cien por ciento de las condenas impuestas en los denominados casos Odebrecht y Sobornos el pasado 2 de octubre de 2025, “extinguiéndose de pleno derecho toda potestad estatal para mantener su privación de libertad por dichas causas”.
Pese a eso último, el vicepresidente ecuatoriano continúa ilegalmente privado de su libertad en el marco del caso “Reconstrucción de Manabí”.
Las autoridades no le han notificado la sentencia escrita de primera instancia, lo cual impide el ejercicio del derecho a recurrir el fallo y constituye una violación frontal al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad, protegidos por los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
En su declaración, la AAJ repudia enérgica y categóricamente las condiciones de detención impuestas, que constituyen trato cruel, inhumano y degradante, con riesgo vital inmediato, en abierta violación de la Convención Americana y de las medidas dictadas por los órganos del sistema interamericano.
A su vez, responsabiliza internacionalmente al Estado ecuatoriano por el incumplimiento de su deber de garante respecto de la vida, la salud y la integridad personal de Jorge Glas.
Y exige el cumplimiento inmediato, pleno y verificable de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Derechos Humanos, incluyendo la hospitalización urgente en un centro médico adecuado.
Asimismo, advierte que el uso del poder punitivo en condiciones que generan sufrimiento físico y psíquico constituye una forma de violencia institucional estructural, prohibida por el derecho internacional y denunciada de manera consistente por la doctrina penal crítica latinoamericana.
“La persistencia de estas violaciones habilita la intervención reforzada de los mecanismos internacionales de protección, incluidos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas”, subraya la AAJ en su comunicado que lleva la firma de su presidenta, la jurista argentina Claudia V. Rocca.
La Asociación continental reafirma su compromiso con la lucha contra la manipulación judicial (lawfare), la defensa de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho en América Latina.
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