El ex presidente dominicano Hipólito Mejía pronuncia su discurso.
Define al crimen organizado como huracán con capacidad de derrumbar las instituciones Democráticas.
Costa Rica. El expresidente Hipólito Mejía definió el crimen organizado como un huracán social, enemigo del estado social y democrático de derecho que nos rige, particularmente en lo referente a la cohesión social y el bienestar de sectores altamente vulnerables como los jóvenes y las mujeres.
Dijo que ese mal es tan potente y diabólico que tiene la capacidad de debilitar y hasta derrumbar los cimientos institucionales de la democracia, condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
El expresidente expresó sus consideraciones al participar como expositor en la clausura del Seminario Internacional “Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: un Desafío Regional y Global” organizado por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, institución en cuya fundación participó el Dr. José Francisco Peña Gómez y la Universidad de Costa Rica.
Señaló que República Dominica, por su ubicación geográfica estratégica, es utilizado para el funcionamiento de una de las formas más graves con la que el crimen organizado atenta contra la vida humana en distintas modalidades, usadas por una poderosa red transnacional, como lo es el tráfico de estupefacientes, mayoritariamente la cocaína.
Resaltó que el crimen transnacional ni respeta fronteras ni coloca límites a sus propósitos, no tiene reparo en deteriorar el tejido social y la propia existencia de nuestros pobladores.
Sin embargo, destacó que, en lugar de cruzarse de brazos, la República Dominicana ha decidido enfrentar enérgicamente ese huracán social, el cual también afecta las vidas de comunidades integradas por pobladores originales y afrodescendientes.
Definió como una muestra robusta la determinación del Gobierno Dominicano, es la poderosa coordinación interinstitucional, integrada por las diversas entidades de la seguridad pública que, por su naturaleza y misión, están obligadas a enfrentar esas estructuras criminales.
“Digo alto y claro que esa determinación nos ha dado resultados muy satisfactorios” expresó
Detalló a modo que, según los datos estadísticos.
Del 16 de agosto del año 2020 al 16 de agosto del 2024, la República Dominicana incautó 156, 137.21 kg. de estupefacientes.
Del 16 de agosto del año 2024 al 20 de octubre del 2025, se ha incautado 71, 686.87 kg.
La sumatoria de esas cifras es de 227,824.08 kg.
Manifestó, “Si tomamos en cuenta que el total incautado desde el 16 de agosto del 2004 al 16 de agosto del 2020, es decir, durante 16 años, fue de 77,526.11 kg., llegamos a la conclusión que en el periodo de los últimos cinco años, como resultado de un trabajo conjunto, hemos incautado tres veces más droga que la incautada durante los 16 años anteriores al mismo”
“Así como hemos robustecido la estructura operativa de las instituciones oficiales que tienen como misión combatir esos males, la presente administración ha dado pasos firmes y coherentes para solucionar las causas estructurales de esa situación, fortaleciendo al mismo tiempo los mecanismos de prevención y control. Esas iniciativas se han realizado, tanto a nivel legislativo como a nivel de políticas públicas” explicó el expresidente
Detalló entre esas iniciativas a destacar: las que se refieren a la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, la Extinción de Dominio que permite incautar los bienes provenientes de acciones ilícitas, la modernización del sistema penitenciario, combatir el lavado y perseguir el terrorismo, combatir el narcotráfico, la actualización, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Plan Nacional de Derechos Humanos, así como la Ley de Reforma, Modernización y Transformación de la Policía Nacional, la cual ha constituido un punto de inflexión en nuestros esfuerzos.
También resalto que el trabajo a nivel interno ha ido de la mano con la construcción de una red de cooperación y colaboración de carácter transnacional que ha servido para compartir información fidedigna y trabajar junto a otros países y con organismos de alcance regional. Esa red está sustentada en los principios éticos de confianza, transparencia y respeto mutuo.
“Tristemente, vemos que la tasa promedio de homicidios en nuestra región, medida al año 2024, era de 20.2 por cada 100,000 habitantes, equivalente a tres veces y media la mundial, que se situaba en 5.6, a pesar de que sólo representamos el 9% de la población mundial”, destacó
Sin embargo, dijo que, si bien es cierto que el fenómeno de los homicidios es multifactorial y muldimensional, los estudios más socorridos indican que el crimen organizado es una de sus causas principales
Hipólito Mejía llamó la atención de los presentes, señalando que, un componente nodal de ese fenómeno es el control del territorio requerido para las operaciones ilícitas del crimen organizado.
“Así, vemos los dispositivos del control del territorio presentes en muchos barrios urbanos y comunidades rurales donde prevalece la exclusión social y la delincuencia, así como en lugares desde donde se extraen recursos naturales de gran valor tales como materiales de construcción, recursos mineros y bienes alimenticios” manifestó el expresidente dominicano.
Dijo que esa realidad la sienten de manera directa las personas que no se atreven a salir de sus hogares a trabajar o estudiar en horas de mucho peligro, al igual que los residentes en zonas remotas que son usadas por los delincuentes, drama incluso que impide que algunas personas acudan a las iglesias, por miedo a convertirse en víctimas del crimen.
Expresó que otra forma central en que el crimen organizado impacta los derechos humanos es el debilitamiento de las instituciones que tienen como misión investigar, perseguir y judicializar los casos criminales.
“Ese debilitamiento también genera opacidad e impunidad en instituciones vitales para la gobernanza y la confianza de los ciudadanos. Sin dudas, es el debilitamiento de las instituciones del Poder Judicial uno de los objetivos más perversos del crimen organizado” manifestó finalmente Hipólito Mejía.
Texto íntegro del discurso del ex presidente Hipólito Mejía:
Amigos todos:
Reciban ustedes mi sincero y profundo agradecimiento por darme la oportunidad de participar como expositor en la clausura del Seminario Internacional “Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: un Desafío Regional y Global”, un evento que nos ha permitido dialogar y consensuar ideas y métodos clave para abordar eficazmente una desafiante y compleja realidad que afecta las vidas de millones de personas.
Confieso que este seminario ha tenido una significación especial para mí no sólo por lo que he podido aprender y aportar en el mismo, sino también por dos hechos que tocan nuestros más sinceros sentimientos de amistad, solidaridad y patriotismo.
El primero de ellos tiene que ver con las instituciones que auspician esta actividad, vale decir, la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos, que tiene como uno de sus fundadores a nuestro inolvidable líder, el Dr. José Francisco Peña Gómez y la Universidad de Costa Rica, fuente de reconocida excelencia académica y formación de profesionales con un acrisolado nivel de conciencia crítica.
El segundo hecho es que el seminario me ha permitido compartir y ser testigo de los reconocimientos que se les han otorgado a personas con las cuales mantengo una entrañable y dilatada relación de amistad, compañerismo y consideración.
Y es en este sentido que, en primer lugar, extiendo mis felicitaciones al Expresidente Luis Guillermo Solís por su merecida investidura como Presidente de Honor de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos.
De igual manera, expresamos nuestro regocijo por la juramentación del compañero doctor Amaury Justo Duarte como Vicepresidente de esta prestigiosa entidad, y por el otorgamiento al distinguido Embajador Amable Padilla Guerrero del Premio Internacional “Moseñor Leónidas Proaño 2025”, como Defensor de la Paz, la Justicia y los Derechos Humanos.
Hago oportuna la ocasión para agradecer a la delegación diplomática dominicana en Costa Rica, encabezada por la señora Embajadora María Amelia Marranzini Grullón, por el apoyo y las atenciones que nos ha brindado durante la organización y el desarrollo de este evento.
Por razones de tiempo, me propongo abordar solamente tres de los muchos temas que hemos analizado a largo de estos dos días de intenso y trascendente esfuerzo.
En primer término y en mi condición de Expresidente de la República Dominicana, considero ineludible referirme al hecho innegable de que, por su ubicación geográfica estratégica, nuestro país es utilizado para el funcionamiento de una de las formas más graves con la que el crimen organizado atenta contra la vida humana. Me refiero a las distintas modalidades usadas por una poderosa red transnacional, como lo es el tráfico de estupefacientes, mayoritariamente la cocaína.
Como ustedes bien conocen, la cocaína que toca a mi país se produce en países ubicados a una distancia relativamente grande de nuestro territorio. Sin embargo, como el crimen transnacional ni respeta fronteras ni coloca límites a sus propósitos, no tiene reparo en deteriorar el tejido social y la propia existencia de nuestros pobladores.
En efecto y en una dimensión diferente, ese mal es tan potente y diabólico que tiene la capacidad de debilitar y hasta derrumbar los cimientos institucionales de la democracia, condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
Sin embargo, en lugar de cruzarse de brazos, la República Dominicana ha decidido enfrentar enérgicamente ese huracán social que es enemigo del estado social y democrático de derecho que nos rige, particularmente en lo referente a la cohesión social y el bienestar de sectores altamente vulnerables como los jóvenes y las mujeres. En varios de nuestros países, es preciso mencionarlo en este momento, ese mal también afecta las vidas de comunidades integradas por pobladores originales y afrodescendientes.
Una muestra robusta de la determinación del Gobierno Dominicano, es la poderosa coordinación interinstitucional, integrada por las diversas entidades de la seguridad pública que, por su naturaleza y misión, están obligadas a enfrentar esas estructuras criminales.
Digo alto y claro que esa determinación nos ha dado resultados muy satisfactorios.
A modo de ejemplo, veamos algunos datos estadísticos.
- Del 16 de agosto del año 2020 al 16 de agosto del 2024, la República Dominicana incautó 156, 137.21 kg. de estupefacientes.
- Del 16 de agosto del año 2024 al 20 de octubre del 2025, se ha incautado 71, 686.87 kg.
- La sumatoria de esas cifras es de 227,824.08 kg.
Si tomamos en cuenta que el total incautado desde el 16 de agosto del 2004 al 16 de agosto del 2020, es decir, durante 16 años, fue de 77,526.11 kg., llegamos a la conclusión que en el periodo de los últimos cinco años, como resultado de un trabajo conjunto, hemos incautado tres veces más droga que la incautada durante los 16 años anteriores al mismo
Así como hemos robustecido la estructura operativa de las instituciones oficiales que tienen como misión combatir esos males, la presente administración ha dado pasos firmes y coherentes para solucionar las causas estructurales de esa situación, fortaleciendo al mismo tiempo los mecanismos de prevención y control. Esas iniciativas se han realizado, tanto a nivel legislativo como a nivel de políticas públicas.
Entre esas iniciativas, podemos destacar las que se refieren a la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, la Extinción de Dominio que permite incautar los bienes provenientes de acciones ilícitas, la modernización del sistema penitenciario, combatir el lavado y perseguir el terrorismo, combatir el narcotráfico, la actualización, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Plan Nacional de Derechos Humanos, así como la Ley de Reforma, Modernización y Transformación de la Policía Nacional, la cual ha constituido un punto de inflexión en nuestros esfuerzos.
El trabajo a nivel interno ha ido de la mano con la construcción de una red de cooperación y colaboración de carácter transnacional que ha servido para compartir información fidedigna y trabajar junto a otros países y con organismos de alcance regional. Esa red está sustentada en los principios éticos de confianza, transparencia y respeto mutuo.
Es en ese contexto de credibilidad que se entiende mejor la reciente postulación de un dominicano, el Lic. Leandro Villanueva Acebal, para ocupar el importante cargo de director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Dicho eso, paso a referirme al impacto del crimen organizado sobre los derechos humanos, tema central de nuestra jornada y que ha sido abordado con profundidad y rigor por los panelistas y moderadores.
El punto de partida de este fenómeno es el derecho que tenemos todos de vivir en espacios sociales seguros, saludables y garantes de oportunidades para lograr el bienestar material y espiritual.
A nivel individual, el espacio social más cercano es el definido por los lazos familiares y de vecindad.
A nivel colectivo, el espacio social por excelencia es el definido por la constitución y la leyes que procuran garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y civiles. Nuestra vida cotidiana se mueve entre esos dos espacios, es decir, como ciudadanos y como personas con identidades más allá de la nacionalidad.
Consecuentemente, debemos precisar cuáles de nuestros derechos están siendo impactados por el crimen organizado.
Sin lugar a dudas, el derecho a la vida es el derecho fundamental por excelencia.
Tristemente, vemos que la tasa promedio de homicidios en nuestra región, medida al año 2024, era de 20.2 por cada 100,000 habitantes, equivalente a tres veces y media la mundial, que se situaba en 5.6, a pesar de que sólo representamos el 9% de la población mundial.
Desde luego, la evolución que ha tenido ese lamentable indicador durante las últimas dos décadas, por ejemplo, nos muestra importantes fluctuaciones cuando se desglosa por país.
Si bien es cierto que el fenómeno de los homicidios es multifactorial y muldimensional, los estudios más socorridos indican que el crimen organizado es una de sus causas principales.
Un componente nodal de ese fenómeno es el control del territorio requerido para las operaciones ilícitas del crimen organizado. Así, vemos los dispositivos del control del territorio presentes en muchos barrios urbanos y comunidades rurales donde prevalece la exclusión social y la delincuencia, así como en lugares desde donde se extraen recursos naturales de gran valor tales como materiales de construcción, recursos mineros y bienes alimenticios.
Esa realidad la sienten de manera directa las personas que no se atreven a salir de sus hogares a trabajar o estudiar en horas de mucho peligro, al igual que los residentes en zonas remotas que son usadas por los delincuentes. Ese drama incluso impide que algunas personas acudan a las iglesias, por miedo a convertirse en víctimas del crimen.
Otra forma central en que el crimen organizado impacta los derechos humanos es el debilitamiento de las instituciones que tienen como misión investigar, perseguir y judicializar los casos criminales. Ese debilitamiento también genera opacidad e impunidad en instituciones vitales para la gobernanza y la confianza de los ciudadanos. Sin dudas, es el debilitamiento de las instituciones del Poder Judicial uno de los objetivos más perversos del crimen organizado.
Como hemos analizado en este magnífico evento, hay causas estructurales de naturaleza económica y social que debemos entender para buscar soluciones integrales a estos males sociales, en lugar de limitarnos a combatir los síntomas de esta grave enfermedad. Es decir, estamos compelidos a ir más allá de prestar atención solamente a la seguridad pública.
La pobreza y la exclusión social predominantes en nuestra región son también dos componentes esenciales de esas causas estructurales.
En efecto, no es casual que sean los jóvenes que ni estudian ni trabajan quienes terminen encerrados en cárceles deshumanizantes al intentar subsistir vinculándose al perverso mundo del crimen organizado, especialmente el narcotráfico.
Creo sinceramente que es una afrenta que muchos de nuestros recintos penitenciarios, en lugar de ser espacios para asegurar la reinserción social de esos jóvenes, sean verdaderos cementerios de hombres vivos sin un horizonte de bienestar tangible. Nos es exagerado decir que muchos de esos hermanos y hermanas son “los condenados de la tierra”.
Finalmente, trataré el tema de las condiciones necesarias para tener éxito en la búsqueda de solución a estos grandes males sociales.
En primer lugar, estamos compelidos a comprometernos firmemente con hacer realidad los consensos a que hemos llegado fruto de nuestro diálogo, especialmente en lo referente a la formulación de políticas públicas coherentes que ataquen en sus raíces estos fenómenos.
En segundo lugar, debemos defender a toda costa la cooperación y la colaboración entre países , haciendo realidad el principio de pensar globalmente y actuar localmente. Es decir, aunque compartimos muchos de los elementos esenciales de esos males, no debemos ignorar las especificidades de cada país.
En tercer lugar, en mi condición de ex presidente de la República, quiero resaltar que se requiere la voluntad política de la máxima instancia del estado. Sin esa voluntad no es posible asegurar el seguimiento a la implementación de la política, la estrategia, y los planes, programas y proyectos consensuados.
Amigos todos:
Lo que hemos compartido, aprendido y asimilado en este significativo diálogo debemos convertirlo en una herramienta para la acción. El desafío es grande. Los obstáculos son evidentes. Pero también es grande, mucho más grande, nuestra determinación de trabajar, juntos, a fin de lograr que el tejido social de nuestros países sirva para sustentar una vida próspera, digna y segura para nuestra gente.
¡No cedamos ni una pulgada al crimen organizado que amenaza los derechos humanos en nuestra región!
Muchas gracias
Hipólito Mejía
SEMINARIO INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS Y CRÍMEN ORGANIZADO EN
AMÉRICA LATINA:
UN DESAFÍO REGIONAL Y GLOBAL
13-14 DE NOVIEMBRE DE 2025
Dirección de prensa.
