Bogotá, 6 nov (Prensa Latina) Pese a haber trascurrido 40 años, muy vivo sigue en la memoria de los colombianos la confusión y el dolor de los sucesos acaecidos durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia.
Justo hace hoy cuatro décadas que 35 integrantes del Movimiento 19 de Abril, grupo guerrillero más conocido como M-19, asaltaron la sede de la principal rama judicial del país enclavada en la céntrica Plaza de Bolívar de esta capital.
La operación armada, que se denominó “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, pretendía hacer un juicio político al presidente Belisario Betancur (1982-1986) por incumplir las promesas de paz y los acuerdos que fueron suscritos en Hobo, Corinto y Medellín un año antes, según se conoció posteriormente.
De acuerdo con la reconstrucción de la historia divulgada por la Comisión de la Verdad creada para ese fin, a partir de las primeras horas de la tarde la fuerza pública asumió la acción ofensiva con ocho unidades blindadas y tres helicópteros.
Como resultado hubo una sangrienta y prolongada batalla que causó numerosas bajas en ambos bandos, dio lugar al primer incendio en el sótano y se caracterizó por el empleo de armas automáticas, bombas y explosivos.
El ingreso de los tanques por el sótano y por la puerta principal, las explosiones indiscriminadas y los disparos desde fuera y dentro del edificio, todo ello en un lapso muy corto desde el inicio de la violenta toma, determinaron que la situación se tornara desesperada para quienes se encontraban dentro del palacio, concluyó la Comisión.
Logró documentar también que los rehenes enviaban papeles con mensajes diciendo que estaban allí para que el Ejército los rescatara, pero que no fueron tenidos en cuenta.
Algunos de los testigos que lograron sobrevivir describirían luego que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía repetía incesantemente: “¡No disparen, por favor, somos rehenes, soy el presidente de la Corte!”, pero que ni siquiera así cesaron bombas y disparos provenientes de los tanques que estaban en el primer piso.
Todo el país lograría escuchar su solicitud cuando su grito “¡Que cese el fuego!” se transmitió a través de las señales radiales.
El Ejército bombardeó por 28 horas hasta que la retoma del edificio fue un hecho.
Los análisis realizados indican que cerca de un centenar de cadáveres fueron llevados a la morgue del Instituto de Medicina Legal.
Sin embargo, los inconvenientes surgidos con las identificaciones crearon dudas acerca de la identidad de algunos, y las irregularidades, particularmente con los restos calcinados, llevan a pensar en la existencia de un mayor número de víctimas, acorde con la Comisión.
Se estima además que ese día desaparecieron una cifra imprecisa de personas que podrían estar sobre la decena.
El militar de más alto rango en ser condenado por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia fue el general (r) Jesús Arias, quien recibió una condena de 35 años de prisión en 2011 por su responsabilidad en la desaparición forzada de doce personas.
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