Plantean se forme comisión
Diario Dominicano
El Comité Institucional Codiano (CIC), expresó su profunda preocupación ante «el silencio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), al cumplirse hoy 30 días hábiles de haber depositado una denuncia formal sobre la desaparición de documentos públicos en los archivos de las instituciones contratantes», lo cual mantiene paralizado el pago a 92 contratistas con deudas pendientes por parte del Estado dominicano.
El portavoz de los contratistas, ingeniero Miguel Liberato, informó que en virtud de la magnitud del problema el CIC también ha formalizado peticiones para que se integren a la referida investigación la Contraloría General de la República y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
En adición a la referida investigación, durante una reciente rueda de prensa los directivos del CIC plantearon al presidente de la República, Luis Abinader, que disponga mediante decreto u orden administrativa la conformación de una comisión interinstitucional de alto nivel, con un plazo definido para buscarle solución a la desaparición de documentos y destrabar los pagos a los contratistas con deudas viejas.
“La solicitud de investigación que hicimos data del pasado 28 de julio y es lamentable que actualmente no se conozca información pública sobre las diligencias realizadas por la PEPCA ni sobre las medidas adoptadas para esclarecer este hecho”, expresó el ingeniero Liberato.
Explicó el representante de los contratistas que los documentos desaparecidos son producidos por las entidades gubernamentales, entre los cuales figuran actas de entrega de obras, cubicaciones y soportes administrativos, que han sido admitidos como extraviados por las propias instituciones deudoras, entre ellas el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
El vocero de los contratistas considera que “la desaparición de documentos públicos, es un hecho grave que compromete la transparencia administrativa, la fe pública y el derecho de ciudadanos que trabajaron para el Estado y nunca han recibido el pago por obras ya entregadas y usufructuadas”.
El ingeniero Liberato anunció que, de persistir el silencio institucional, “el CIC se reserva el derecho de elevar el caso a instancias internacionales, en defensa del principio de legalidad y de la continuidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”.
Miguel Liberato
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