El comunicador Fernando Buitrago enfrentará un proceso judicial iniciado por el alcalde Dioris Anselmo Astacio, quien lo acusa de difamación e injurias.
Santo Domingo Este, 8 de agosto de 2025 – El próximo 22 de agosto se abrirá un juicio que ha generado gran controversia en el municipio de Santo Domingo Este. El comunicador Fernando Buitrago enfrentará un proceso judicial iniciado por el alcalde Dioris Anselmo Astacio, quien lo acusa de difamación e injurias. La querella surge a raíz de las denuncias públicas de Buitrago sobre presuntas irregularidades y la falta de fiscalización en el manejo de los fondos de la alcaldía, un caso que ha encendido el debate sobre la libertad de expresión y el rol de los comunicadores en la vigilancia de la gestión pública.
El Origen del Conflicto
El conflicto entre Buitrago y Astacio se remonta a septiembre de 2024, cuando el comunicador recibió un acto de intimación en su residencia, enviado por un abogado de la alcaldía. Según reportes, el documento exigía que Buitrago cesara de mencionar el nombre del alcalde en sus denuncias, que señalaban supuestas anomalías en la gestión municipal, incluyendo la falta de transparencia en el uso de fondos públicos, como los 280 millones de pesos autorizados para seguridad ciudadana sin una rendición de cuentas clara. Estas acusaciones, ampliamente difundidas en medios locales y redes sociales, habrían incomodado a Astacio, quien decidió responder con acciones legales.
Buitrago, conocido por su estilo directo y su respaldo entre los comunicadores del municipio, ha defendido su postura, argumentando que sus señalamientos buscan promover la transparencia y la rendición de cuentas en la alcaldía. Sus críticas han incluido cuestionamientos sobre la adquisición de equipos, como los furgones para la recolección de basura, y la falta de infraestructura de seguridad, como cámaras de vigilancia, en un municipio donde la delincuencia sigue siendo una preocupación ciudadana.
Un Juicio que Divide Opiniones
El juicio, programado para el 22 de agosto de 2025, ha polarizado a la comunidad de Santo Domingo Este. Por un lado, los defensores de Buitrago, incluidos numerosos periodistas y comunicadores locales, consideran que la querella es un intento de intimidación para silenciar las voces críticas. Argumentan que el comunicador está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y su rol como vigilante de la gestión pública, una función esencial en una democracia. Según reportes, Buitrago cuenta con el respaldo de la mayoría de los comunicadores del municipio, quienes ven en este caso un precedente peligroso para la prensa local.
Por otro lado, el equipo legal de Astacio sostiene que las acusaciones de Buitrago constituyen difamación e injurias, al imputar al alcalde hechos que, según ellos, no están respaldados por pruebas concretas. La querella se basa en los artículos 109 y 110 del Código Penal dominicano, que tipifican las calumnias e injurias como delitos, similares a casos internacionales como el de SADAIC contra un vocero argentino por declaraciones consideradas difamatorias. Astacio, un pastor evangélico, comunicador y abogado que asumió la alcaldía tras ganar las elecciones de 2024 con el 35.36% de los votos, ha defendido su gestión como transparente y enfocada en el desarrollo sostenible del municipio.
El Contexto: Un Gremio Periodístico en Crisis
Este caso se desarrolla en un momento de debilidad para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Santo Domingo Este. La seccional, liderada por una presidencia que no ha cumplido con las promesas de defender a los comunicadores ni de organizar actividades para fortalecer el gremio, se encuentra en un estado de inactividad. No ha registrado nuevos miembros, no ha mediado en conflictos laborales ni ha realizado eventos para promover la ética periodística. Esta inacción ha dejado a comunicadores como Buitrago sin el respaldo institucional que podrían esperar de su sindicato, obligándolos a enfrentar solos las consecuencias de sus denuncias.
La falta de apoyo del SNTP agrava la percepción de que los comunicadores en Santo Domingo Este están desprotegidos frente a las presiones de figuras políticas. La existencia de una sola plancha inscrita para las elecciones del sindicato refleja una inamovilidad estructural y un desinterés generalizado, lo que podría explicar por qué casos como el de Buitrago no han generado una respuesta colectiva más contundente por parte del gremio.
Las Implicaciones del Caso
El juicio contra Fernando Buitrago plantea preguntas cruciales sobre la libertad de prensa en la República Dominicana. ¿Es legítimo que un comunicador sea llevado a los tribunales por denunciar presuntas irregularidades en la gestión pública? ¿O constituye este proceso un abuso de poder para acallar críticas? La falta de transparencia en el manejo de los fondos de la alcaldía, como los 280 millones de pesos destinados a seguridad sin una rendición de cuentas clara, ha sido un tema recurrente en las críticas de Buitrago y otros medios locales, lo que sugiere que sus denuncias no son aisladas.
Además, el caso pone en evidencia las tensiones entre el poder político y los medios en Santo Domingo Este. Astacio, cuya gestión ha sido cuestionada por iniciativas como el intento de renombrar el municipio como “Costa del Faro”, ha enfrentado críticas por decisiones que muchos consideran alejadas de las prioridades ciudadanas. La acción legal contra Buitrago podría interpretarse como un intento de desviar la atención de estos cuestionamientos, aunque también ha generado un efecto adverso al amplificar las denuncias del comunicador.
Un Llamado a la Reflexión
A medida que se acerca el 22 de agosto, el juicio contra Fernando Buitrago se perfila como un momento decisivo para la libertad de expresión en Santo Domingo Este. La comunidad periodística, aunque debilitada por la inactividad del SNTP, tiene la oportunidad de unirse en defensa de uno de sus miembros y de reafirmar el derecho a cuestionar la gestión pública sin temor a represalias. Por su parte, la alcaldía de Dioris Anselmo Astacio enfrenta el desafío de demostrar que sus acciones legales no buscan intimidar, sino proteger la honorabilidad de una gestión que, hasta ahora, no ha logrado disipar las dudas sobre su transparencia.
Este caso no solo definirá el futuro de Buitrago, sino que también sentará un precedente sobre el rol de los comunicadores en la fiscalización de los gobiernos locales. En un municipio donde la delincuencia, la falta de infraestructura y la percepción de inseguridad persisten, la voz de los periodistas es más necesaria que nunca. ¿Será este juicio un punto de inflexión para reactivar el SNTP y movilizar a los comunicadores de Santo Domingo Este, o marcará un retroceso en la lucha por la libertad de prensa? La respuesta comenzará a definirse el próximo 22 de agosto.
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