SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Sexto Juzgado de la Instrucción medidas del Distrito Nacional impuso de coerción consistente en una garantía económica de RD$200 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país contra la creadora de contenido Ingrid Altagracia Jorge Pérez, imputada de difamación e injuria a través de medios digitales y redes sociales.
La jueza Yanibet Rivas impuso las medidas de coerción con base en diferentes evidencias testimoniales, audiovisuales, documentales y periciales aportadas por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), órgano del Ministerio Público a cargo de la investigación.
El Ministerio Público descubrió que la señora Jorge Pérez incurrió en difamación e lesiones públicas de manera sistemática a través de los medios electrónicos con el claro objetivo de desacreditar públicamente y afectar la honra personal y familiar de Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía.
Entre los hechos cometidos por Jorge también se cita en la solicitud de medida de coerción que, a través de un programa matutino, el cual fue subido a la red social de Instagram, la imputada, sin ningún sustento probatorio, atribuyó a Raful una complicidad con delitos graves.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público obtuvo diferentes evidencias con las que confirmaron la denuncia del caso al cual otorgó la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la difamación e injuria pública por electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales.
Entre las evidencias se encuentran un informe pericial y un análisis de informe técnico de vídeo.
Los hechos también recibieron la calificación jurídica de violación al artículo 367 del Código Penal Dominicano que define la difamación o injuria pública.
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