Internacional, Justicia y Derecho

Rechazan amnistía para inculpados de crímenes de Estado en Perú

Lima, 10 jul (Prensa Latina) La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) de Perú rechazó hoy la aprobación de una amnistía para decenas de ex militares y policías inculpados por violaciones de derechos humanos y enjuiciados o sin sentencias.

«La impunidad no oculta el delito, lo agiganta», afirmó sin embargo la Cnddhh, al señalar que la amnistía abre paso a la impunidad de militares y policías imputados en 600 procesos por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.

La medida fue aprobada con los votos de 16 miembros derechistas de la Comisión Permanente frente a 11 votos en contra emitidos por legisladores de izquierda y centro.

Beneficia también a los adultos mayores (de 70 años o más), lo que incluye a los autores de las matanzas de civiles desarmados de Barrios Altos y la Cantuta, bajo el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000) durante el llamado conflicto interno (1980-2000).

Los promotores de la amnistía alegaron que los juicios contra los hoy amnistiados que lucharon contra el terrorismo (como se denomina aquí a los grupos armados que operaron en el país) se han prolongado por 25 años o más sin que se les sentencie.

El congresista Álex Flores refutó a la mayoría derechista señalando que la amnistía no beneficia a quienes lucharon contra el terrorismo, sino a los malos policías y militares que cometieron graves violaciones de derechos humanos y sus víctimas eran civiles inermes.

«El fujimorismo y sus aliados han consumado un acto de impunidad que ofende a las víctimas, a sus familias y a la memoria del país», señaló la legisladora Flor Pablo, en alusión a la primera minoría del partido Fuerza Popular, al que pertenece el impulsor de la medida cuestionada.

La legisladora progresista Ruth Luque, dijo que la medida está utilizada para favorecer a la presidente Dina Boluarte, investigada por muertes de civiles a manos de militares y policías durante las prolongadas protestas contra su ascenso a la Presidencia, por sucesión, en diciembre de 2022.

La legisladora centro-derechista Francis Paredes señaló que la decisión de la Comisión Permanente -a cargo del Legislativo por el receso del pleno congresal- fue demasiado rápida y debió esperar la reanudación de las sesiones plenarias para un debate más amplio.

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