(ARCHIVO) El ex procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez Sánchez dijo el martes que no tiene tiene responsabilidad en la prolongada dilación del proceso que se le sigue. (Foto Archivo)
En una dirigida al director de Diariodominicano.com licenciado Héctor Tineo Nolasco refirió que el Juez de la audiencia preliminar atribuye las dilaciones del proceso al Estado y no a Jean Alain Rodríguez.
Llamó la atención de que se encuentra aún privado de libertad por casi cuatro años, sin haber iniciado un juicio en su contra.
Diariodominicano.com publica a continuación la carta del ex Procurador General Jean Alain Rodríguez Sánchez:
Distinguido Señor
Reciba un cordial saludo. Ante las recientes informaciones publicadas en diversos medios de comunicación que refieren el proceso penal que se sigue en mi contra, me dirijo a usted con el debido respeto para exponer las razones de la prolongada dilación de este proceso, que distan mucho de ser atribuibles a mi persona o a mis abogados, pues me encuentro aún privado de libertad por casi cuatro años, sin haber iniciado un juicio en mi contra.
Ante el debate contradictorio y esta realidad, el juez de la instrucción que hasta hace poco estuvo apoderado, determinó en audiencia pública que las dilaciones de este proceso han sido provocadas por el Estado y no por el suscrito, como lo puede verificar en la resolución judicial y noticia adjunta.
Conforme se evidencia, este y otros procesos penales se han prolongado más allá del plazo razonable debido a la errada política de «arrestar y luego investigar», en lugar de seguir el principio fundamental de «investigar y luego someter». También porque construyeron voluminosos casos, más mediáticos que jurídicos, que activaron el plazo de duración máxima de los procesos penales, el cual tiene rango constitucional y aplica a todos los casos y ciudadanos, por más voluminosos y complejos que sean presentados, sin distinción, pues todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Oportuno recordar que hace casi cuatro años que me presenté voluntariamente ante las autoridades, no obstante, fui innecesariamente arrestado y a partir de ese momento, en lugar de presentar una acusación en tres meses como lo contempla ordinariamente la norma, decidieron solicitar al juez un plazo extraordinario de ocho meses. Dejaron vencer ese plazo y solicitaron al mismo juez una prórroga de cuatro meses adicionales a los fines de extenderlo, la cual también dejaron vencer. Ante el incumplimiento reiterado, el juez tuvo que intimarlos para que finalmente presentaran la acusación, lo que ocurrió meses después, al borde de la extinción del caso.
A esto se sumó la negativa de entregar la carpeta fiscal y las pruebas de descargo solicitadas en múltiples ocasiones, aun cuando la norma los obligaba y que les fuera ordenado por el juez de la instrucción. Esto llevó al juez de la audiencia preliminar a requerirles de nuevo el cumplimiento, siendo finalmente depositadas de manera parcial un año más tarde.
Asimismo, en lugar de entregar las más de 3,000 supuestas pruebas en formato físico conforme les ordena la ley, decidieron depositar un defectuoso disco duro que incluía cientos de archivos digitales dañados. Técnicos del Poder Judicial certificaron estos errores y el juez de la instrucción les ordenó en varias ocasiones su corrección y nueva entrega adecuada. Por igual, incluyeron una abultada acusación de más de 12,000 páginas, redactada y presentada de manera enrevesada e incomprensible, cuya lectura es obligatoria en cada etapa del juicio, generando numerosas violaciones al debido proceso y casi dos años adicionales de retraso. Recientemente, la Corte de Apelación confirmó la falta de imparcialidad de los jueces asignados para el juicio de fondo, y ordenó la designación de un nuevo tribunal mediante sorteo aleatorio, lo que confirma que no se trató de una estrategia dilatoria, sino todo lo contrario.
Todo esto ha sucedido mientras me mantienen privado de libertad por casi 4 años sin generar un solo incidente dilatorio, evidenciándose que en todo momento he demostrado el más alto interés en que este y todos los procesos judiciales se desarrollen con apego a la justicia y dentro de un plazo razonable, conforme lo establece nuestra Constitución y la ley.
Agradeciendo su atención y confiando en que esta información contribuya a esclarecer la realidad de este proceso y al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, le saluda atentamente,
Jean Alain Rodríguez Sánchez
